Como candidato a la gubernatura y ya como gobernador, Salomón Jara, expresó en innumerables ocasiones: “Por mi condición indígena, hablante de la lengua zapoteca y luchador social no les voy a fallar”. Pues esta vez sí falló. A través de un decreto aprobado en una sesión extraordinaria celebrada cerca de la medianoche del miércoles, el Congreso del Estado, a iniciativa del gobernador Salomón Jara, suprimió un total de mil 344 plazas administrativas.
Los trabajadores afectados repudiaron esta decisión y aseguraron que había empleados con más de 30 años de antigüedad, quienes estaban a punto de su jubilación; además, se quejaron de que no han sido notificados y se enteraron por redes sociales.
La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados federal aseguró que esta medida “viola la Constitución Política, los tratados internacionales y la Ley Federal del Trabajo; exhibe la incapacidad para gobernar el estado y apunta a ser un acto premeditado de venganza.
“Hoy enfrentamos una acción profundamente injusta que afecta a mil 344 trabajadores, quienes son el sustento de sus familias. La decisión del gobierno del estado de dejarlos sin empleo a través de un decreto arbitrario no sólo vulnera sus derechos laborales, sino que también atenta contra la estabilidad de miles de hogares que dependen de su digno trabajo”, reprobó el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca.
“Esta situación no es responsabilidad de los empleados, sino el resultado de actos de corrupción e incompetencia por parte de funcionarios que no asumieron sus responsabilidades. Ahora, sus errores son usados como pretexto para castigar al pueblo trabajador”, agregó.
El sindicato expuso que “es momento de unirnos. Los 12 mil 244 integrantes del organismo, junto con otros sindicatos como los de Salud y UABJO, debemos levantar la voz y exigir justicia”.
Exigió la revocación del mandato de un gobierno que ha llenado las instituciones públicas con familiares y amigos en actos descarados de corrupción, “la restitución inmediata de los empleos de nuestros compañeros afectados y el fin del sometimiento de los sindicatos frente a un gobierno que no protege ni respeta al pueblo”.
La crítica en las redes sociales no se hizo esperar. La defensora Yésica Sánchez escribió en su cuenta de Facebook: “Se chingan a la base trabajadora y la clase política corrupta goza de impunidad: Eso NO es Justicia social!”. El ahora funcionario de gobierno, Flavio Sosa, posteó la justificación oficial, y se ganó el repudio de los cibernautas; el profesor de la Sección 22, Rogelio Vargas Garfias, le espetó: “¿Dónde quedó aquel luchador social que conocí?”. La medida oficial desató duras críticas en la conversación pública.
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