La reforma al Código Penal de Puebla para perseguir los delitos de ciberasedio, el espionaje digital y la usurpación de identidad con castigos de hasta tres años de prisión, va contra la Constitución, pues su redacción es ambigua y sin criterios claros. Esto abre la puerta a criminalizar la libertad de expresión en redes sociales y puede ser usada de manera arbitraria, afectando principalmente a periodistas, alertaron activistas y defensores de derechos.
Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y la Red Puebla de Periodistas señalaron que estas modificaciones incluso pueden representar herramientas para perseguir expresiones críticas al gobierno, e incluso parodias o comentarios contra figuras públicas.
Y aunque la reforma –publicada en el Periódico Oficial el 13 de junio y que entró en vigor al día siguiente– fue impulsada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y su partido, Morena, el propio mandatario llamó el pasado domingo a realizar un foro para analizar “la Ley de Ciberseguridad en lo correspondiente al ciberacoso”. Sin embargo, no refirió con exactitud ni los delitos recién creados ni la norma modificada.
“Es el ejemplo más extremo de cómo no se debe legislar, primero aprueban la ley y luego hacen foros. Eso es profundamente antidemocrático”, señaló Vladimir Chorny, abogado de R3D.
El Congreso poblano reformó el Código Penal del estado y tipificó delitos en materia de ciberseguridad, con el argumento de proteger a las personas usuarias en entornos digitales. El delito de ciberasedio es el que causa mayor preocupación a los especialistas, quienes indicaron que se puede penalizar con hasta tres años de prisión a cualquier expresión que resulte ofensiva por el simple hecho de que se emita por medios electrónicos.
De acuerdo con Vladimir Chorny, abogado de R3D, muchas veces se intenta legislar el entorno digital sin comprender cómo funciona, lo que provoca que las normas se redacten con vaguedad y ambigüedad. Y el delito de ciberasedio es un ejemplo claro de esto: su redacción incluye términos como “injuria”, “vejación” o “espacio digital” sin definirlos con precisión. Esto implica que incluso una broma o una crítica política en X podría considerarse un delito.
“En México no se prohíben los discursos ofensivos, injuriantes o escandalosos. Así ha interpretado la Suprema Corte los artículos 6 y 7 constitucionales. Esta reforma es abiertamente contraria a ese estándar constitucional”, explicó en entrevista con El Sabueso.
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