El asesinato a balazos del empresario y defensor de derechos humanos Gabriel Hernández Tovar, el 16 de julio en Reynosa, Tamaulipas, provocó una fuerte respuesta pública y demandas de justicia. Desde 2021, Hernández había denunciado amenazas tras haber sido secuestrado por presuntos miembros del crimen organizado. Hernández era reconocido por su labor en la búsqueda de personas desaparecidas y la defensa de víctimas de secuestro. Durante su cautiverio fue testigo de desapariciones y ejecuciones.
En abril del presente año, un juez federal ordenó brindarle custodia permanente. Sin embargo, según Delia Quiroa, fundadora del Colectivo 10 de Marzo, el resguardo le fue retirado el pasado 10 de julio, solo seis días antes del ataque. En su comunicado, el colectivo 10 de Marzo, reitera y exige: “No queremos más madres ni buscadores y defensores de DDHH asesinados por favor”.
La comunidad de defensores y familiares de desaparecidos exige al gobierno una revisión urgente del sistema de protección a activistas. Consideran que el retiro de la custodia sin previo análisis puso en riesgo su vida. La falta de postura oficial por parte de las autoridades estatales ha intensificado la exigencia social de rendición de cuentas. El gobernador de Tamaulipas, el ex priista y hoy morenista Américo Villarreal Anaya, no se ha pronunciado sobre el caso.
Otros defensores de Tamaulipas, como Gustavo Azuara Diaz, informan sobre nuevas amenazas de muerte tras el último crimen contra un Hernández. Además, la familia de Hernández informó que rechazó medidas de protección temporales a cargo de la Guardia Estatal, por desconfianza en las autoridades estatales. A pesar del temor, la viuda del activista Gabriel Hernández, aseguró que se quedará a vivir en Reynosa, por lo que solicitó medidas urgentes y permanentes al gobierno federal.
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