El gobierno de Panamá declaró el martes el estado de emergencia en la provincia donde el gigante bananero estadounidense Chiquita Brands despidió a unos 5.000 trabajadores la semana pasada. El estado de emergencia fue declarado en la provincia de Bocas del Toro, donde la bananera tiene una planta cuyos trabajadores mantienen desde el 28 de abril una huelga que ha paralizado la producción de la empresa, bloqueado carreteras y suspendido las clases escolares. El paro fue organizado en protesta por una reforma de pensiones aprobada por el Congreso en marzo. De acuerdo con los sindicalistas, las reformas a la Caja de Seguro Social afectan sus conquistas plasmadas en la Ley No. 45 que reconoce derechos y prestaciones especiales debido al riesgo que tienen sus labores.
Ante los 5 mil despidos considerados arbitrarios e ilegales, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Empresas Afines (Sitraibana) decidió recurrir al amparo. Ninguno de los despedidos ha sido notificado formalmente, ni la empresa ha respetado los plazos de preaviso, ni se ha reunido con los sindicatos, advirtió. Pese a la grave situación, Smith aseguró que el total de los trabajadores y trabajadoras se mantienen firmes en las calles y con el ánimo en alto. “Ninguno se ha presentado a retirar su liquidación y están dispuestos a defender sus derechos a lo que cueste. Solicitamos apoyo para que el mundo sepa lo que está pasando”, concluyó el directivo del Sitraibana, en entrevista con UITA, el sindicato mundial de la alimentación y la agricultura.
Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) que junto con los sindicatos del sector salud y educativo lidera las protestas a nivel nacional, alerta: “Se trata de la represión como una expresión de odio y desprecio hacia los pueblos indígenas. No es solo un territorio: es ÑOKRIBU el Río Grande en idioma Ngäbe-Buglé. Un lugar sagrado que hoy es blanco de la dictadura.”
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