Organizaciones de la sociedad civil, colectivos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas hicieron un llamado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) para que garantice el resguardo, acceso público y la transferencia de los datos y la información contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Las organizaciones y activistas señalaron que “es fundamental que este proceso se lleve a cabo de manera clara y transparente, dado que la PNT y el acervo que resguarda son herramientas indispensables para garantizar el derecho humano de acceso a la información pública”.
“Si la PNT deja de estar disponible, pierde su funcionalidad y/o se vulnera la integridad de la información, millones de datos valiosos e información de interés público podrían perderse y quedar inaccesibles. Es decir, la memoria histórica de la transparencia y del quehacer del Estado mexicano se borrará”, asentaron en su comunicado.
“Esto afectará directamente la posibilidad de las personas para monitorear y evaluar la asignación de recursos públicos, identificar irregularidades, exigir mejoras en políticas públicas y participar activamente en los procesos de toma de decisiones. También se obstaculiza que la población pueda consultar sus datos personales, como expedientes clínicos en posesión de sujetos obligados, así como interponer recursos de revisión o quejas contra aquellos sujetos obligados que no entreguen la información solicitada. En términos concretos, se perdería acceso a información clave como contratos gubernamentales, presupuestos, estadísticas sobre programas sociales, recursos asignados para obras públicas, entre otros”.
“Además, la falta de acceso a esta información comprometería la capacidad de las víctimas, comunidades y organizaciones para exigir justicia y proteger sus derechos, especialmente en temas relacionados al impacto ambiental de megaproyectos, la transparencia en procesos de consulta indígena y la vigilancia de políticas públicas relacionadas con salud, educación, justicia y seguridad”.
“Sin estos datos, se debilita la base para el derecho a la participación ciudadana efectiva, lo que incrementa los riesgos de corrupción, abuso de poder y desigualdad en el acceso a recursos públicos. Por otro lado, también se podría perder el instrumento para interponer recursos de revisión o quejas sin necesidad de que la población, y sobre todo, los más desprotegidos, paguen a una persona abogada para acceder a la información pública y de sus datos personales”.
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