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La Minuta

Documenta MCO en Santa Cruz Tagolaba impunidad, despojo y atentados contra personas defensoras

En la ejecución del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) están ocurriendo violaciones a los derechos humanos de las personas habitantes de estas zonas y a quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas”. Misión Civil de Observación (MCO).

El día 26 de julio del presente año, la Misión Civil de Observación sobre violaciones a los derechos humanos en el Istmo de Tehuantepec visitó a la comunidad de Santa Cruz Tagolaba del municipio de Santo Domingo Tehuantepec, con el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos provocadas por la imposición del megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Impunidad, despojo y atentados contra personas defensoras fueron las principales denuncias emitidas por defensoras y defensores de la comunidad, quienes expresaron su indignación ante la inoperancia de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la falta de avance en las investigaciones por un defensor asesinado y otro más con tentativa de homicidio, en el marco de la imposición del Corredor Interoceánico y la vinculación de este proyecto con grupos locales del crimen organizado.

Además del impacto que han sufrido por la construcción de obras, las y los defensores también denunciaron la imposición del proyecto minero “Riqueza Marina” de la empresa Vortex Metals Inc. “Al igual que sucede con las obras del Corredor Interoceánico, la empresa minera se ha vinculado con grupos del crimen organizado para generar temor, exigimos paz y que los inversionistas negocien con la comunidad, no con los grupos de poder”, expresaron.

De igual forma, las y los defensores denunciaron una serie de amenazas para frenar la oposición a los proyectos extractivos y agresiones directas en sus hogares, por lo que existe ocupación ilegal de tierras y desplazamientos forzados: “de todo ello, la Fiscalía tiene conocimiento, sin embargo, no existe ningún avance”.

Por su parte, la Misión Civil de Observación exigió al gobierno federal garantizar el derecho de acceso a la justicia y detener toda forma de amenaza y agresión en contra de los pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos y la naturaleza, además de reconocer y respetar el derecho a la libre determinación, autonomía, territorio, participación, consentimiento y la vida de los pueblos indígenas bajo el estándar más alto de protección.

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