La Minuta

Corredor Interoceánico: acaparamiento de tierra, agua y energía

Con una nueva investigación, el Colectivo Geocomunes documenta los efectos que, sobre los bienes comunes de la región del Istmo de Tehuantepec, se empiezan a observar con el despliegue del proyecto Corredor Interoceánico.

La investigación, publicada en tres partes, se enfoca en tres bienes comunes, esenciales para la vida y cultura de la región, pero que también son insumos indispensables a la instalación de actividades industriales: la tierra, el agua y la energía.

La primera entrega analiza cómo se genera un proceso de industrialización y el efecto que causa en la privatización y especulación de la tierra, conllevando un cambio profundo en el uso que tienen en las comunidades de Veracruz y Oaxaca que hoy en día las poseen.

En la segunda entrega de la investigación, Geocomunes describe con datos precisos, estadísticas y mapas la presión que ejercerá sobre el agua con su posible acaparamiento y contaminación.

La tercera y última publicación está enfocada en analizar cómo este proceso de industrialización implica también el despliegue de una nueva ola de proyectos de generación de energía para responder a las altas demandas energéticas relacionadas con el megaproyecto.

Geocomunes concluye la investigación comentando que “algunos de los impactos ya han salido a la luz (particularmente en relación a la tenencia de la tierra y los engaños realizadas en los supuestos ejercicios de consulta) pero muchos otros, tal vez más profundos, no han sido visibilizados, como los impactos que podrían generar en el acceso al agua y, en general, aquellos que se verán con el despliegue de un conjunto de megaproyectos de distintos tipos”, como la refinería en Dos Bocas y el Tren Maya.

Leer la investigación en tres entregas: Corredor Interoceánico: industrialización y privatización de tierras, Corredor Interoceánico: contaminación y acaparamiento de agua por industria y Corredor Interoceánico y el tema energético. Contexto: Pueblos de Oaxaca denuncian que la Procuraduría Agraria quiere imponer la realización del Corredor Transístmico