La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lanzo este 4 de diciembre, la Recomendación 188/2024, donde se constataron que hubo diversas violaciones a los derechos humanos de Abigail Hay Urrutia, quien fue hallada sin vida en la cárcel municipal de Salina Cruz, tres horas después se ser detenida.
En ese sentido, la CNDH solicitó a la Fiscalía General de Oaxaca y al municipio de Salina Cruz, la reparación integral del daño a familiares y víctimas indirectas, otorgando compensación, atención psicológica y tanatológica, asesoría jurídica gratuita para dar seguimiento a los procedimientos administrativos, civiles y penales, además de colaborar con las investigaciones correspondientes e impartir cursos de formación especializada en materia de derechos humanos para evitar situaciones similares, así como exhortar al personal de ambas dependencias a llevar su actuación apegada a los principios de perspectiva de género, combate a la corrupción y máximo respeto a los derechos humanos.
En la Recomedación, la CNDH detalla que “el 19 de agosto de 2022, la víctima fue detenida tras una discusión con su pareja. Durante su detención, un perito la diagnosticó con un trastorno neurológico, pero, en lugar de canalizarla a servicios médicos especializados, fue llevada ante el juez cívico y remitida a los separos, donde fue hallada sin vida tres horas después”.
Este accionar, señala la CNDH “incumplió con el deber de cuidado por no ser canalizada oportunamente para recibir atención médica adecuada, a pesar de que las autoridades involucradas tenían pleno conocimiento de su condición de salud. También se identificaron afectaciones a los derechos de siete personas, víctimas indirectas, quienes sufrieron presiones por parte de personas servidoras públicas y elementos de seguridad del municipio de Salina Cruz. Debido a estas presiones, los familiares se vieron obligados a trasladarse a otro estado de la República Mexicana, lo que afectó gravemente su proyecto de vida y, en particular, el interés superior de dos niños”.
Además, afirmaron que a pesar de que las autoridades locales sabían de los antecedentes de violencia familiar contra la víctima, no se investigó el caso bajo la perspectiva de género, tampoco se trató como un posible feminicidio ni se reconoció la violación a su derecho a vivir una vida libre de violencia.
Cabe recalcar que la violencia feminicida en el estado va en aumento, de acuerdo con el registro hemerográfico de GES Mujer, suman 92 muertes violentas de mujeres en el año; alcanzando un total de 201 casos durante la actual administración, en el periodo que abarca del 1 de diciembre de 2022, al 3 de diciembre de 2024.
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