Seis meses han pasado desde la desaparición forzada de la activista Sandra Domínguez, seis meses sin que las autoridades oaxaqueñas den respuestas contundentes en la investigación de su búsqueda, seis meses de la lucha incesable de su madre y hermanas que exigen su aparición con vida en medio de opacidades y omisiones por parte del gobierno oaxaqueño.
Ante este escenario de impunidad, la madre y hermana de la activista presentaron una conferencia de prensa en la Cámara de diputados en la Ciudad de México, donde denunciaron la omisión de las autoridades en la investigación de su búsqueda y exigieron al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, una audiencia urgente.
“Hoy no solo hablo como mujer, sino como madre, con el corazón roto. Mi hija defensora de los derechos humanos fue desaparecida por el Estado”, expresó mientras se le quebraba la voz y comenzó a llorar.
Añadió que “la ausencia de Sandra es un dolor inmenso, pero también una lucha que no terminamos. Pregunto ‘¿dónde está ella?’ No hay justicia. Voy a la sierra mixe y me preguntan ‘¿dónde está Sandra, ya apareció?’ ¿Qué respuesta le doy a mis paisanos? ¿Dónde está mi hija? Todavía no tengo respuesta…”
Por su parte Kisha Dominguez, hermana de la abogada ayuuk, señaló que la única persona detenida por la desaparición de Sandra, una ex policía, presentó un amparo ante la justicia federal, lo que ha generado más preocupaciones a su familia, así como preocupación sobre la transparencia y el compromiso real con la justicia.
“La historia de esta individua es que es una policía vial y penitenciaria, sólo aumenta las sospechas sobre los intereses que hay en este proceso legal”, dijo.
También señalaron que causa rareza que ningún funcionario involucrado en el chat XXX que Dominguez denunció públicamente en 2023, y que presuntamente pudo estar relacionado a su desaparición, ha sido investigado por las autoridades de justicia, “eso es claramente complicidad con las autoridades, por eso exigimos que los investiguen y juzguen” señalaron.
La desaparición de Sandra fue catalogada por organismos internacionales – como Amnistía, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la oficina de la DH de la ONU en México-, como desaparición forzada, tal y como ocurrió con la guardabosques Irma Galindo Barrios y la activista Claudia Uruchurtu Cruz.
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