En abril de 2024, el pescador Elías Naal salió a pescar y regresó a casa solo con baldes llenos de petróleo. Durante seis años seguidos, manchas de crudo de diferente extensión ensuciaron las aguas del Golfo de México.
Este es uno de los casos de derrames que se presentan en el amplio reportaje “Derrames impunes: imágenes satelitales revelan seis años de derrames de petróleo no reportados por las empresas en el Golfo de México” publicado en el medio de noticias Mongabay Latam quien junto con la organización Data Crítica, cruzaron datos de información oficial sobre derrames de petróleos, imágenes de satélites y evidencia recopilada en comunidades pesqueras.
Los hallazgos son alarmantes. Los reportes oficiales de la ASEA sobre derrames en el Golfo de México muestran una pequeña parte de lo que realmente está pasando en un área que es hogar de más de 15 mil especies de aves, peces y moluscos de valor ecológico y comercial, y que sostienen la economía de unos 80 mil pescadores en la zona, como Naal.
El análisis muestra que la mayor parte de los derrames no se reportan. En los últimos seis años y medio, especialistas identificaron manchas de crudo en 74 meses, pero en 44 de ellos (60 por ciento) no existen derrames reportados oficialmente. La información analizada por los científicos y verificada en parte por los pescadores pone en discusión los datos del Estado. Por ejemplo, mientras entre enero y julio de 2024, ninguna empresa reportó derrames en el Golfo de México a las autoridades, los especialistas sí captaron manchas oleosas que no corresponden a emanaciones naturales en todos esos meses.
Por otra parte, la sistemática minimización de derrames ocurre no sólo porque éstos no son reportados por las empresas, tal como exige la norma, sino también porque las cantidades derramadas son subestimadas. Por ejemplo, los datos proporcionados por la ASEA revelan que el derrame de Ek-Balam, uno de los más graves de la historia reciente del país, ocurrido en junio de 2023, fue reportado inicialmente con un volumen de 38 metros cúbicos, equivalentes a 690 tanques de combustible de un Toyota Corolla, algo imposible de acuerdo con científicos de la UABC, considerando la extensión y el desplazamiento de la mancha.
De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, las empresas extractivas son responsables de los desperdicios y derrames, y son ellas las que deben dar aviso a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la ASEA sobre cualquier siniestro, y aplicar los planes de contingencia, medidas de emergencia y acciones de contención que correspondan. No obstante la regulación existente, los procesos de reporte de las empresas petroleras son opacas.
Cabe resaltar que entre enero de 2018 y julio de 2024, se iniciaron 48 procesos sancionatorios contra empresas que extraen petróleo, pero en menos de la mitad de los casos, en 21 procesos, se establecieron sanciones con multa. Solo ocho de ellas han sido pagadas.
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