La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso cumplir antes de diciembre de 2025 con su obligación de crear el registro de personas migrantes detenidas, responsabilidad incumplida por los legisladores mexicanos desde 2019. Con esta sentencia, fruto de la colaboración con la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de La Ibero, la SCJN amparó a la asociación civil Trotasueños, del Servicio Jesuita de Ayuda a Refugiados en México, para ordenarle, de nuevo, que legisle en esa materia.
El fin de crear el registro de migrantes detenidos, se explica, es que permitiera “el control administrativo de las detenciones, a efecto de garantizar los derechos humanos de toda persona en territorio mexicano y prevenir, especialmente, tanto la tortura como las detenciones arbitrarias”.
En entrevista con Animal Político, Jesús Sierra, coordinador de incidencia del Servicio Jesuita de Ayuda a Refugiados asegura que esta decisión de la Corte cobra una relevancia especial ante el escenario de la migración en México, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de nuevo.
La motivación de reconocer que el INM detiene a personas migrantes y crear un registro es garantizarles derechos fundamentales como seres humanos, pues actualmente son “asegurados” en situaciones irregulares y llevados a centros en malas condiciones.
Además, hasta ahora no hay ningún lineamiento jurídico que obligue al Instituto Nacional de Migración a llevar un seguimiento de dónde se retiene a las personas migrantes, qué tratamiento les dan en los centros, y dónde y cuándo finalmente los dejan en “libertad”, explicó Jesús Sierra.
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