Radialistas Oaxaqueños a IFT: No hubo consulta indígena por tanto emisión de lineamientos no cierra el proceso

Actividades Julio 2015 022 Durante el Foro Nacional de Devolución y Difusión de Resultados de la denominada Consulta Indígena sobre los Lineamientos para el Otorgamiento de Concesiones, que tuvo lugar en la Ciudad de México el 16 de julio de 2015, comunicadoras y comunicadores de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca se pronunciaron en rechazo al procedimiento del proceso establecido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para este fin y convocaron a los representantes del IFT a establecer acciones que, en consecuencia a los lineamientos, permitan una mayor participación de la población indígena en procesos como este. En el evento, la vocera del Comité Oaxaqueño de Comunicadoras y Comunicadores Indígenas, Mariana Solórzano enunció parte de un documento que llevaba el comité de Oaxaca para su lectura aludiendo:“aquí no estamos en una consulta a los pueblos indígenas, pues el IFT olvida que la consulta, es “un proceso de diálogo y negociación de buena fe de las partes con la finalidad de alcanzar un acuerdo mutuo”. El documento llevado por el comité de Oaxaca y que se difunde en medios de comunicación señala: “No pretendemos victimizarnos. Todo lo contrario. Reconocemos que en los Lineamientos aprobados y emitidos por el Pleno fueron incorporadas, en buena medida, nuestras propuestas y observaciones. Pero no podemos omitir nuestra inconformidad con un procedimiento que también es fondo por qué no abona al ejercicio democrático del poder que el Instituto debe ejercer en su relación con nosotros, la complica para el futuro inmediato y posterga aún más la plena democratización de los medios de comunicación.”

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Entre fondos y formas la Consulta sobre el CCCO en Oaxaca

Desde el inicio de las protestas por la construcción de Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, donde los señalamientos han sido contra el sitio donde se pretende su edificación y no contra el proyecto, la ciudadanía, el Gobierno y los interesados se han enfrascado en un debate que tiene como fondos el legitimo reclamo ciudadano a los porqués de este proyecto en la zona, la falta de sensibilidad del Gobierno Estatal para consultar a la ciudadanía sobre los proyectos que pretende impulsar y un conflicto de intereses por parte de quienes sí aprueban la obra en el Cerro del Fortín. Con base en el legítimo reclamo de la ciudadanía sobre la construcción del CCCO, en un informe del Servicio Geológico Mexicano (SGM) entregado a Caminos y Aeropistas de Oaxaca, la zona fue declarada en 2011 “no apto para construir” debido al deslizamiento de tierra que presenta y la aparición de grietas. Por su parte el Gobierno pretende, después de las protestas, impulsar una consulta ciudadana que debió realizar previo a los trabajos del proyecto y que además no esta facultado para convocar, por lo que deberá impulsar un plebiscito a través de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura local. Y por último están quienes defienden a capa y espadas la construcción del CCCO en el cerro del Fortín argumentando que la obra es necesaria, aún y cuando no presentaron los estudios que avalan sus dichos, y que además pretenden legitimar el proyecto mediante una consulta alterna que demuestre la viabilidad de la obra.

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Exigen que el Ejército revele documentos de El Charco

El Charco PROCESO Viudas y sobrevivientes de la matanza de El Charco solicitaron al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional que entregue al obispo de Saltillo, Raúl Vera López, una copia de la averiguación previa por ese acontecimiento, así como la versión pública del documento con el cual se entregó a la CNDH el detalle de la táctica militar utilizada en dicha masacre. Eustolia Castro Ramírez, representante de las viudas, informó que la petición es para que la Sedena entregue vía Internet al obispo y al equipo de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, ambos documentos y que no solicite una ampliación del término. En un comunicado, las viudas y sobrevivientes de la masacre señalaron que ésta ha quedado impune, a 17 años de distancia. “Nuestros compañeros indígenas y el estudiante universitario que fueron ejecutados extrajudicialmente por el ejército, no formaban parte de un grupo rebelde, pero aún si así hubiera sido, se habían rendido y estas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales que se han mantenido en la impunidad durante estos 17 años”, reitera el comunicado.

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Gobiernos invierten más en vigilar a opositores que a delincuentes: R3D

Hace algunos días fueron filtradas y publicadas más de 400 GB de información interna de la empresa italiana Hacking Team que se dedica a la comercialización de equipo y software sobre todo de vigilancia, software bastante sofisticado difícil de detectar que otorga capacidades de espionaje muy amplios, declaró Luis Fernando García abogado director de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). Lo primero que se reveló fue que, con una cartera de 15 instituciones gubernamentales, México es el mayor cliente de Hacking Team. Agregó que no es poco común conocer que las autoridades están coludidas con el crimen organizado tampoco conocer que este equipó que ha sido adquirido y utilizado en beneficio o directamente por miembros de delincuencia organizada dentro y fuera del gobierno. En contraste, expresó el abogado, “la seguridad y la privacidad no están confrontadas sino que la privacidad y la defensa de nuestros derechos son las únicas garantías que tenemos de que el propio Estado no va a cometer delitos en nuestra contra. Por eso, es importante que se ponga atención a este tema, que cite responsabilidades impuestas y que no solo sea una nota en el periódico y que quienes han estado espiando ilegalmente a periodistas, a defensores de derechos humanos y opositores políticos estén en la cárcel y que no se fuguen como El Chapo.”

Escuchar la entrevista con R3D (14 min.) y leer el reportaje: Los mexicanos, espiados hasta en la cocina / Ver video sobre Directrices #UE para #defensores! Watch PBI’s video on #EU #Guidelines 4 #HRDs! http://bit.ly/EUGuidelines

Estados tienen jurisdicción extraterritorial para exigir el respeto a sus DDHH

La semana pasada se celebró la primera sesión de debates históricos en el Grupo de Trabajo Intergubernamental de las Naciones Unidas (IGWG) sobre un tratado sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. Este proceso representa una oportunidad sin precedentes para abordar eficazmente las cuestiones de la prevención y reparación de violaciones de derechos humanos relacionados con las empresas. Los “Estados deben velar por que las empresas que actúan en su territorio respeten escrupulosamente los derechos humanos y continúen haciéndolo cuando trabajen en Estados terceros, sin menoscabo de su soberanía nacional” se señaló en la reunión. Panelistas, misiones diplomáticas y ONG resaltaron sin excepción, aunque con matices, que la obligación de los Estados en el sentido de velar por la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos por parte de privados, empresas y corporaciones incluidas, está ampliamente reconocida y se extiende más allá de sus fronteras. La participación activa de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo permitió aportar a esta primera cesión experiencias de terreno y profundo análisis, que demuestran las deficiencias y carencias de los marcos legales existentes. Su presencia refleja una fuerte demanda de la sociedad civil global para un instrumento que podrá exitosamente prevenir y remediar las violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas.