A través de un comunicado, la Comunidad indígena autónoma tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán en Jalisco, denunció la persecución y criminalización de 17 comuneros del pueblo por parte de “invasores agrarios, en alianza racista e ilegal con el Agente del Ministerio Público de Villa Guerrero, Jalisco, y el Juez Segundo de Control, Juicio Oral, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal de Colotlán”, por su defensa del territorio.
“No se trata de un robo como lo quieren hacer parecer, no somos delincuentes, sino que hemos tratado de contener el despojo criminal, ejerciendo la dignidad colectiva y la obligación que heredamos para con las futuras generaciones”, señalaron los comuneros en un comunicado.
Detallaron que el pasado 23 de octubre de 2024, fueron citados a una audiencia de vinculación a proceso, en la que el Agente del Ministerio Público pretende criminalizar sus acciones de defensa del territorio, cuya finalidad fue evitar el despojo del predio denominado El Grullal, ubicada en sus terrenos comunales, sin embargo la audiencia fue suspendida y se reanudará próximamente. Esto, a pesar de que existen pruebas y testimonios entregados en 2021 por las autoridades agrarias y el gobernador tradicional.
“Dichas pruebas, emanadas de la voluntad soberana de nuestra asamblea comunitaria, son muestra del ejercicio de nuestra autonomía y fueron desestimadas sin justificación o argumento alguno” señalaron en su comunicado.
Aseguraron que se trata de un caso de «discriminación sistemática» y «negligencia» por parte de la Agencia del Ministerio Público de Villa Guerrero, dependiente de la Fiscalía del Estado de Jalisco. La persecución y criminalización de los defensores inició luego de que la comunidad exhibió un acta de la Asamblea General para que personas que instalaron un cerco con alambre de púas y postes de metal en un predio de la comunidad “dejaran de hacer tal invasión”, a lo que se les respondió “con desprecio y amenazas”.
Los comuneros exigieron al agente del Ministerio Público en Villa Guerrero que actúe conforme al artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales y respete los artículos 1º y 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como que respete la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros instrumentos jurídicos que respaldan la defensa de su territorio.
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