En los último días en Perú se han realizado una serie de manifestaciones para exigir la renuncia presidencial de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones anticipadas, además la protesta se intensifica para impedir la expansión minera en este país.
A 203 años de independencia de la colonización española, el descontento y el hartazgo de la población peruana hacia las élites políticas y económicas siguen vigentes y se hacen evidentes a través de las encuestas. El 90% reprocha la gestión presidencial de Dina Boluarte y el 94% rechaza al Congreso de la República (IEP, julio 2024), la ilegitimidad de estos poderes del Estado es latente.
Durante las fiestas patrias de este país, cientos de personas salieron a las calles para recordar la impunidad e injusticia que prevalece ante las 50 muertes registradas durante las protestas sociales ocurrida al inicio del gobierno de Boluarte para exigir su renuncia.
Las familiares, madres, esposas y hermanas de las víctimas fueron quienes encabezaron esta acción colectiva, tuvieron que trasladarse hasta Lima, la capital del país, para ser escuchadas. Otra de las razones de la movilización fue ponerle un freno al Congreso que tiene enquistado el actuar mafioso y autoritario del fujimorismo, profundizando la institucionalidad y atacando la débil democracia del país.
Recientemente Amnistía Internacional presentó un informe que Perú rechazó, en ella se afirma que la presidenta Dina Boluarte debería ser investigada como posible autora intelectual de las graves violaciones a los derechos humanos en las protestas para exigir su renuncia entre 2022 y 2023.
Las manifestaciones se encendieron en Perú el 7 de diciembre de 2022 luego de que el Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión y corrupción, Castillo había intentado cerrar el Parlamento, pero no recibió apoyo de las fuerzas de seguridad. Boluarte, que era vicepresidenta, lo sucedió en el cargo.
En las protestas murieron 50 civiles y 716 quedaron lesionados, según la fiscalía. También fallecieron seis soldados y un policía. El 88% de los fallecimientos y el 59,1% de los lesionados ocurrieron en el sur de los Andes, de mayoría indígena y donde se habla la lengua quechua.
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