La etapa de mayor desafío y más compleja para Oaxaca, por la política de ataques a las organizaciones sociales, agresiones a defensores de derechos humanos, asesinatos y desapariciones forzadas, e incluso, ofensivas a la libertad de expresión, fue la correspondiente a los primeros años del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, afirmó el encargado de Comunicación de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) Miguel Ángel Vásquez de la Rosa, a 20 años de la conformación de este asociación civil. Tan sólo en ese periodo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió más de 20 casos por agresiones a defensores de los derechos humanos. A dos décadas de la conformación de esta organización, el balance es positivo y alentador. “Si bien es cierto que las condiciones económicas sociales no han cambiado totalmente, creo que ha habido un cambio en la actitud de la participación de la gente”, abundó. El otro gran avance, ha sido el cambio del andamiaje jurídico, político y legislativo de Oaxaca. “Hace 20 años hablábamos de usos y costumbres y que no había un reconocimiento ni siquiera en la Ley Electoral, y ahora, al contrario, hay un cambio”.
Encubren autoridades feminicidios en la Cuenca: CRDH “Mahatma Gandhi”
La Comisión Regional de Derechos Humanos (CRDH) “Mahatma Gandhi” tiene registrados más de 100 feminicidios en el último año y 385 del 2012 a la fecha sin que exista el esclarecimiento de estos crímenes violentos contra mujeres por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJEO), precisó la titular de dicha organización Graciela Zavaleta Sánchez. “Oaxaca ocupa los primeros lugares en agresiones a mujeres y la cuenca ha sido por muchos años una cuna de agresiones sin que se detengan a los culpables” afirmó la representante de la organización no gubernamental. Graciela Zavaleta afirmó que ha habido casos aberrantes de impunidad donde la PGJEO y la Subprocuraduría Regional de la Cuenca han sido omisas y han dejado en libertad a hombres bajo fianza que han cometido actos violentos contra mujeres en comunidades de la zona chinanteca de Valle Nacional y San Lucas Ojitlán.
Los 43 desaparecidos, parte de un turbio juego político: estudiantes de Ayotzinapa
Los dos jóvenes piden ser presentados sólo como ‘‘estudiantes de Ayotzinapa’’ aunque, como voceros de la comunidad escolar, tienen la convicción de que sus 43 compañeros desaparecidos son ya pieza de un turbio juego político. No se explican cómo ‘‘estando todos’’ los cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado, haya sido imposible localizarlos: ‘‘Ellos (el gobierno) ya saben dónde están, y si están vivos o muertos, pero no saben cómo darlo a conocer’’. Para los estudiantes, no hay nada ‘‘fortuito’’ en el ataque que sufrieron. ‘‘En verdad no quieren que esta normal siga viva. No la quieren porque es de pobres. Y el gobierno quiere pegar aquí, porque así las demás no opondrían resistencia’’, dice uno. Piden que nadie se canse: ‘‘Donde quiera que estén, les pedimos que hagan una marcha, una protesta, que enciendan una veladora por los compañeros caídos’’.
Leer el reportaje íntegro de Arturo Cano y también: El gobierno sabe que los 43 normalistas fueron quemados: Solalinde, escuchar la entrevista con Solalinde aquí. Más información: Desaparición de normalistas en Iguala, responsabilidad del Estado mexicano: CIDH y Miércoles 22 de octubre, día de acción global por Ayotzinapa
Moreno Valle siembra terror en Chalchihuapan; policías detienen a 5 pobladores
Un comando policiaco entró a las 4:00 horas del jueves pasado a San Bernardino Chalchihuapan para buscar casa por casa a pobladores que participaron en la gresca ocurrida el pasado 9 de julio. A patadas, los elementos abrieron puertas, causaron destrozos y apuntaron con armas a mujeres, ancianos y niños sin mostrar órdenes de cateo ni de aprehensión. Al día siguiente, el viernes, personal de la Secretaría General de Gobierno (SGG) estatal se presentó en la presidencia de Chalchihuapan para entregar a las 16 horas oficios a las personas consideradas víctimas, de acuerdo con la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre los hechos ocurridos en ese lugar el 9 de julio. En una de las misivas entregadas se invitó a Elia Tamayo Montes, madre del menor asesinado, a acudir a un acto público el mismo día a las 19 horas, es decir tres horas después, en el Centro de Convenciones de Puebla. El pueblo acordó desairar a Moreno Valle. Nadie acudió a la cita. Más información:
Tres pobladores de Chalchihuapan, acusados de tentativa de homicidio, Tres de los detenidos no son las personas que la PGJ dice que son: Luna Porquillo y Califica La Jornada como “mascarada de justicia” lo sucedido en Chalchihuapan.
Pese a órdenes judiciales, reanudan obras de la vía Toluca-Naucalpan
Este viernes, más de 400 granaderos del estado de México llegaron a proteger a la empresa que está talando el bosque de Xochicuautla. La situación es tensa. Esta comunidad ñätho obtuvo un amparo que la protege frente al avance de la autopista de cobro Toluca-Naucalpan, pero la empresa Autovan trabaja en el territorio comunal, cobijada por la fuerza pública. La carretera, de cerca de 40 kilómetros, afectará 22 kilómetros de bosque otomí-mexica, que es área natural protegida y santuario del agua de la subcuenca del río San Lorenzo. Los comuneros han denunciado que se trata de un proyecto consentido del presidente Enrique Peña Nieto. “La empresa no cuenta con un documento que avale su presencia en nuestro territorio. El 15 de mayo el magistrado Jorge Silva Cano, del tribunal unitario agrario, cumplió la ejecutoria y ese día se suspendieron los trabajos, explicó el comunero José Luis Fernández.
Condena la RNDDHM impunidad en el asesinato de la defensora Rocío Mesino
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) rememoró a la líder social y dirigente de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, asesinada el pasado 19 de octubre de 2013 en la población de Mexcaltepec, municipio de Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero, cuando se encontraba supervisando la rehabilitación de un puente, luego de los daños causados por los huracanes Ingrid y Manuel. Rocío -asiente el comunicado de prensa- dedicó su vida a la defensa de diferentes causas sociales, desde la liberación de presos por motivos políticos, la reivindicación de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de personas desaparecidas durante la “Guerra Sucia” (uno de ellos, su tío); el acompañamiento de las luchas campesinas de la Sierra de la Costa Grande, y la continua exigencia de justicia para el castigo de los autores materiales e intelectuales de la masacre de Aguas Blancas de 1995.
Rocío Mesino: Un año de impunidad, tras su asesinato en Guerrero
Digna Ochoa, trece años de impunidad; defendía a campesinos de Guerrero
Ayer se cumplieron 13 años desde que, el 19 de octubre de 2001, la activista Digna Ochoa perdiera la vida. Digna Ochoa llevó los casos de los presuntos zapatistas de Yanga, Veracruz, y el Estado de México (1995), además de los de Aguas Blancas y el Charco (1995), en Guerrero; Acteal, en Chiapas (1997), y el de los ecologistas guerrerenses presos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. A 13 años de su asesinato, su familia recuerda que ella quería ser abogada para ayudar a los pobres, a los que padecían, defendía los derechos humanos, siempre luchó por romper las cadenas de corrupción, de injusticia. Ella pudo señalar a policías federales, estatales y municipales que se aprovechaban de la gente, por eso vivió entre la amenaza y el miedo, así fue mi hermana Digna, dijo Ignacio Ochoa y Plácido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió en 2013 el caso de la activista Digna Ochoa y Plácido, lo cual representa una oportunidad para demostrar que fue asesinada y no se trató de un suicidio como concluyó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). El entonces titular de esta dependencia, Bernardo Bátiz, es hoy secretario de Combate a la Corrupción en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Leer la entrevista con Ignacio Ochoa y Plácido:
13 años de olvido oficial a Digna Ochoa
Ocho años después, acusan de tortura a 20 funcionarios por Atenco
Han pasado ocho años. También pasaron recomendaciones de organismos internacionales y mexicanos que pidieron en su momento al entonces Gobernador Enrique Peña Nieto hacer cumplir la ley e impartir justicia en Atenco. El viernes pasado, cuando organismos, instituciones y prensa internacional presionan al gobierno de Peña Nieto llevar justicia a Ayotzinapa, se ha dado un golpe de efecto: justicia en Atenco. Tras ocho años y cinco meses de los hechos, la procuraduría estatal consignó un expediente iniciado a raíz de las denuncias de 41 mujeres que aseguraron haber sido víctimas de abusos durante la detención en Atenco y su posterior traslado al penal de Almoloya de Juárez.
Arrestan a 20 implicados en hechos de violencia durante 2006, en Atenco
Los titulares de hoy:
Para Educa, sexenio de URO, el más negro
Encubren autoridades feminicidios en la Cuenca: CRDH “Mahatma Gandhi”
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Digna Ochoa, trece años de impunidad; defendía a campesinos de Guerrero
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