Oaxaca de Juárez, 27 de septiembre de 2018
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Presentan informe sobre Oaxaca para ser analizado como parte del examen de México ante la ONU
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México, con importantes retos en la materia, dice representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México
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Preocupación internacional por casos de detención arbitraria, tortura y por ataques a personas defensoras de derechos humanos y periodistas
Este jueves 27 de septiembre fue presentado el informe ciudadano “Bajo ataque, los derechos humanos en Oaxaca”, realizado por organizaciones civiles oaxaqueñas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) ante la ONU, al que el Gobierno Mexicano será sometido este año.
La realización del tercer informe ciudadano contempló para su elaboración el periodo comprendido entre 2013-2018 y fue coordinado por el Comité de Defensa Integral de los Derechos Humanos Gobixha, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Espiral por la Vida y Servicios para una Educación Alternativa.
En el acto, realizado en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, estuvieron presentes Chris Wall y Anja Kersten, responsables de Derechos Humanos en las embajadas en México de Reino Unido y Alemania, respectivamente. Destacaron que dan un seguimiento puntual a Oaxaca por ser uno de los estados emblemáticos en cuanto a la situación de los derechos humanos, en particular en materias prioritarias para sus países, como la situación de personas defensoras de derechos humanos y la tortura.
Destacaron que para el EPU, los países que representan se involucran tanto desde las embajadas en México, desde las misiones de países en Ginebra como desde los gobiernos capitalinos. Enfatizaron que los países que formularán recomendaciones para el EPU se encuentran ya analizando toda la información recabada, con el fin de que el tercer informe para México recoja recomendaciones claras, precisas y lo más exhaustivas posible para enfrentar lo que fue calificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una “crisis de derechos humanos”.
Por otro lado, Jesús Peña, representante adjunto de la OACNUDH en México, calificó como imprescindibles las contribuciones de la sociedad civil, pues permiten al organismo internacional contrastar la información que proporciona el Estado con datos serios y de primera mano. Precisó que en noviembre 2018 México será examinado por tercera vez ante el Consejo de Derechos humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.
El representante del organismo de las Naciones Unidas enfatizó que México enfrenta importantes retos en materia de derechos humanos y con un número relevante de recomendaciones formuladas tanto en el marco del EPU como por los mecanismos internacionales de derechos humanos.
En tanto, representantes de las organizaciones civiles que elaboraron el informe “Bajo ataque…” explicaron que éste es el único presentado sobre la situación de un solo estado en tres ocasiones, ello por las características diferenciadas y preocupaciones especificas en materia de derechos humanos en la entidad federativa. Por ello, desde el primer EPU en 2008, las organizaciones civiles oaxaqueñas han realizado contribuciones destacando las prioridades para atender la situación de derechos humanos en Oaxaca.
Entre los principales retos en Oaxaca, las organizaciones de la sociedad civil destacaron que el estado se encuentra entre los tres primeros lugares del país en ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y en primer lugar en el caso de mujeres defensoras. Denunciaron que dichos ataques van en constante aumento y alertaron frente a seis asesinatos de defensores en 2017, tres en 2018 y la desaparición de un periodista, en cifras al cierre del informe, en marzo pasado.
Enfatizaron también el uso sistemático de la criminalización a la protesta social para acallar las voces de resistencia, destacando que la ONU se ha pronunciado en los últimos años en seis ocasiones por un total de 31 defensores de derechos humanos criminalizados en Oaxaca; como parte de las causas del incremento de la criminalización, destacaron la impunidad, como en el caso de la represión policiaca y graves violaciones cometidas el 19 de junio de 2016 en el “Caso Nochixtlán”, así como el incremento de la desaparición forzada en lo que va del actual sexenio.
Alertaron también frente a las violaciones sistemáticas a los derechos de las poblaciones indígenas, pues Oaxaca se caracteriza por la imposición de proyectos mineros, hidroeléctricos y eólicos de despojo de las poblaciones indígenas.
El incremento desmedido de la violencia feminicida, de delitos sexuales contra mujeres y la falta de atención en salud con enfoque de derechos para las mujeres es también un tema prioritario en la entidad federativa.
A ello se añade el desinterés de los distintos niveles de poder para hacer efectivos los derechos humanos, como consta por ejemplo en el Plan Estatal de Desarrollo, aprobado a destiempo y sin enfoque de género ni de derechos humanos; el incumplimiento de las recomendaciones que contiene el informe de la Comisión de la Verdad, la falta de seguimiento a propuestas legislativas protectoras de los derechos humanos o la falta de enfoque y presupuesto en las instituciones responsables de proteger los derechos humanos, como por ejemplo en el caso del SIPINNA, sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que redunda en una situación de particular vulnerabilidad y de graves violaciones a los derechos de la niñez y la adolescencia en Oaxaca.
Finalmente, la lacerante impunidad es una de las preocupaciones mayores destacadas por la sociedad civil, sobre todo en casos de graves violaciones a derechos humanos como la tortura, delito para el que no existe ni una sentencia en Oaxaca.
En su informe, las organizaciones oaxaqueñas formularon recomendaciones para abordar los problemas estructurales de derechos humanos en la entidad federativa, incluyendo tomar todas las medidas para acabar con la impunidad y dar seguimiento a recomendaciones previas y especificas sobre el caso de Oaxaca, como las de las opiniones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.
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