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La Minuta

Militarización en México, 18 años de “estrategia fallida”: Amnistía Internacional

Después de casi dos décadas de recurrir a las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad pública, la persistencia de la violencia alerta que “esta estrategia ha sido fallida, ya que sólo no ha ayudado a reducir el crimen y la violencia que afecta al país, sino que ha generado un ambiente propicio para que integrantes de las Fuerzas Armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo sus actividades de seguridad pública”, considera Amnistía Internacional.

En su informe “Cambiando el paradigma. De la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos”, presentado este miércoles, de la cifra de elementos castrenses desplegados ascendió de 48 mil 500 en 2006 a 73 mil 347 en 2022. Además, la Guardia Nacional militarizada cuenta con 128 mil integrantes.

En el mismo periodo, “al menos 101 mil 933 personas han desaparecido y 452 mil 254 han sido asesinadas, entre ellas 49 mil 100 mujeres, 140 periodistas y 221 personas defensoras del territorio, la tierra y el medio ambiente”. Además, Amnistía Internacional alerta que la estrategia de militarización de la seguridad pública “incumple las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos”, entre ellas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Frente a las pruebas de las consecuencias de la militarización en el país, Amnistía exhortó al gobierno mexicano a construir un plan específico de retiro de las fuerzas armadas de la seguridad pública, diseñar estrategias de seguridad enfocadas en la protección de los derechos humanos y atender las recomendaciones para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por México en materia de derechos humanos, “incompatibles con la militarización”.

Descargar informe Cambiando el paradigma: de la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos (pdf, 61 pág.) Boletín México: Amnistía Internacional presenta al Ejecutivo y al Legislativo principios y recomendaciones para desmilitarizar la seguridad pública

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