La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) desde 2012 ha venido desarrollando un sistema de registro de agresiones que documenta, cuantifica y permite realizar un análisis de género sobre la violencia ejercida contra la diversidad de mujeres y disidencias sexo-genéricas que defienden derechos humanos en Mesoamérica.
A través de los resultados obetenidos durante mas de 10 años, han presentando la separata: “LA TIERRA, PARA QUIENES LA TRABAJAN Y LA DEFIENDEN.10+ Años de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica (2012-2024)”, la cual se enfoca en el análisis particular de los casos de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales que se integran, de manera general, en el informe “Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10+ Años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica (2012-2023)”, profundizando en los mismos y actualizándolos con datos preliminares de 2024.
En el informe se señala que entre 2012 y 2024 se han documentado un total de 9,629 agresiones contra defensoras y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica. Ademas en el mismo periodo, al menos 35 de estas compañeras fueron asesinadas en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.
“A lo largo de estos 13 años, como consecuencia directa del capitalismo extractivista que se impone en nuestros territorios, las defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales han representado uno de los colectivos con mayor número de agresiones registradas, tal y como se desprende del hecho que 22,3% del total de las 43,186 agresiones contra defensoras que documentamos entre 2012 y 2024 en Mesoamérica fueron perpetradas contra compañeras que defendían estos derechos” escriben.
Los datos están acompañados con la síntesis de 7 casos paradigmáticos de como estas defensoras y sus comunidades son agredidas: los de Berta Cáceres, Miriam Miranda, María Concepción Hernández y la comunidad de Agua Blanca Sur en Honduras; el de Kenia Hernández en México; el de Francisca Ramírez en Nicaragua; y el de la comunidad de Santa Marta en El Salvador.
Recalcan que el “análisis de la evolución de las agresiones contra las defensoras de tierra y territorio entre 2012 y 2024 señala tres puntos de inflexión: el primero en 2017, año siguiente al asesinato de Berta Cáceres; el segundo en 2020, caracterizado por las respuestas autoritarias de los gobiernos ante la sindemia por COVID-19; y el tercero en 2022, marcado por la profundización en las políticas de militarización de los territorios y el aumento de los desalojos.
Consulta y descarga el informe completo LA TIERRA, PARA QUIENES LA TRABAJAN Y LA DEFIENDEN
