La noche del martes 6 de septiembre manifestantes marcharon sobre Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado de la República en una acción contra la militarización de la Guardia Nacional.
Defensoras y defensores oaxaqueños coincidieron en que la militarización no es la mejor opción para México y afirmaron que, al contrario, lo que sirve es “acabar con la impunidad y privilegiar los derechos humanos de los mexicanos”. Es la postura de Yesica Sánchez (Consorcio Oaxaca), Angélica Ayala (GES Mujer), Rogelia González (Grupo de mujeres 8 de marzo), Marcos Leyva (Educa) y Carlos Beas (Ucizoni). Alertaron que el Ejército tiene una preparación bélica y no civil, por lo que podría repetirse el saldo rojo y hostil vivido en el sexenio de Felipe Calderón. Recordaron que la militarización ha sido un problema delicado en Oaxaca y enumeraron diversas violaciones a los derechos humanos, encabezados por el Ejército y también por elementos de la Guardia Nacional.
Yesica Sánchez, señaló: “Tanto los militares como los elementos de la Guardia Nacional tienen una formación de guerra y no civil y mucho menos enfocada a los derechos humanos, por eso preocupa”. Dijo que, ante la militarización, la opción es fortalecer a las policías comunitarias. Precisó que, en Oaxaca, de los 570 municipios, 412 se rigen por el sistema normativo interno, lo que significa que para la entidad debería ser un monitoreo distinto en caso de aprobarse la militarización.
Marcos Leyva, director de EDUCA, dijo que, en Oaxaca, en lo que va del sexenio de López Obrador, 23 defensoras y defensores han sido asesinados, y de acuerdo con el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, esta entidad sureña es la que más tiene integrados a este programa de seguridad. Para Carlos Beas, dirigente social de la Ucizoni, la militarización es una forma de intimidad, inhibir y hostigar el movimiento social indígena, ante la defensa del territorio contra los megaproyectos, entre ellos el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Angélica Ayala, del GES Mujer, aseguró que ante la propuesta de militarización del país, es necesario reconocer que es una problemática documentada que afecta a las niñas y las mujeres. Rogelia González, defensora zapoteca expresó que es urgente atender la violencia que persiste en el país y aplicar políticas públicas para combatirla, especialmente porque las violaciones a los derechos humanos, feminicidios y violencia contra las mujeres no se detiene. Foto Iñaki Malvido, El País.
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