Este jueves 8 de mayo, arrancaron en el Senado de la República los conversatorios sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Ley Telecom), luego de que la aprobación de su dictamen se detuvo por petición de la presidenta, ante las críticas de que es un proyecto para “censurar“.
Al respeto un grupo de organizaciones y radios comunitarias señalaron en un comunicado: “Uno de los pilares fundamentales en la lucha por la autonomía de los pueblos originarios es la comunicación libre, comunitaria y desde abajo. Sin embargo, con esta nueva ley se refuerza la idea de que nuestros derechos deben seguir sujetos a la autorización del Estado. Lejos de reconocer nuestra autodeterminación, esta propuesta perpetúa un colonialismo invisible, disfrazado de regulación”.
Dentro de las organizaciones firmantes del comunicado se encuentra la UCIZONI, MAIZ, y la Red de Radios Indígenas y Comunitarias del Sureste Mexicano, entre otras: “Nos quieren hacer creer que nuestras radios, nuestros medios, necesitan del permiso del poder. Pero esta visión es profundamente política: una estrategia de control en la que se maquillan los hilos del poder colonial, cambiando unas palabras aquí, suavizando otras allá, pero dejando intacta la subordinación al régimen estatal y al modelo de comunicación hegemónica”.
Organizaciones como Tepeyac, CLACSO, EDUCA, insistieron: “Esta ley amenaza las libertades ganadas con años de lucha. Amenaza nuestra capacidad de decir lo que pensamos, lo que sentimos y lo que vivimos. Bajo el discurso de la “legalidad”, se perfila un régimen cada vez más autoritario, donde el Estado no sirve a los pueblos, sino al capital”.
“Por eso, defender la comunicación libre no es un mero asunto técnico o legal. Es una lucha política, cultural y espiritual por la palabra, la verdad y la vida. Exigimos respeto a nuestras formas de comunicar, a nuestros territorios sonoros, a nuestras voces colectivas”.
En el Parlamento Abierto realizado en el Senado, Ana Gaitán Uribe, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales señaló: “En los términos actuales, la Ley Telecom conlleva riesgos graves para los derechos a la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad de las personas”.
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