La Minuta

Falta voluntad política para proteger a periodistas: La Jornada

El viernes pasado Emir Olivares, reportero de La Jornada, sufrió el allanamiento de su domicilio por dos desconocidos y fue amenazado de muerte en forma reiterada por sujetos que dicen haber recibido un millón de pesos para matarlo por su cobertura informativa sobre la distribución de drogas en Ciudad Universitaria. El día de los hechos la policía y la procuraduría capitalinas no atinaron más que a ofrecer que se investigaría la incursión como “intento de robo”; en tanto, nadie de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) acudió al domicilio del periodista, y no es, sino hasta el lunes, 9 de diciembre, que el titular de esa instancia recibirá en audiencia a Olivares. Por si fuera poco, hasta ayer las llamadas y mensajes de voz y texto en los que se reiteraban las amenazas seguían llegando impunemente al teléfono celular del reportero, situación que fue denunciada por su casa editorial: “Resulta difícil entender que el delito de amenazas pueda ser perpetrado con tal facilidad y falta de consecuencias si se considera que, el rastreo de llamadas –y por consiguiente, la localización de los autores– resulta técnicamente factible y relativamente sencilla para las corporaciones policiales, a condición, con certeza, de que ostenten una mínima voluntad política”. Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, afirmó ayer que el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas será modificado para que no sea sólo un instrumento reactivo, sino preventivo. Cabe mencionar que el pasado 6 de diciembre fue allanado el domicilio del periodista Francisco Ortizo en Huajuapan de León, Oaxaca.

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