A través de un comunicado, más de cien organizaciones y activistas, encabezados por las agrupaciones Fundar, Artículo 19 y el Observatorio de Designaciones Públicas, acusaron que trasladar las responsabilidades en materia de acceso a la información a la Secretaría de la Función Pública, perteneciente al Poder Ejecutivo, como lo propone la actual iniciativa de reforma, es una regresión a la democracia. Aquí publicamos un resumen del pronunciamiento:
“La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la ‘mañanera del pueblo’ del martes 15 de octubre confirmó que la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, antes Secretaría de la Función Pública, asumirá la función de garantizar la transparencia tras la futura desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)”.
“Este cambio, en línea con la reforma presentada el 5 de febrero de este año, es una gran vulneración a los avances institucionales registrados en materia de transparencia y derecho de acceso a la información, ya que al ser el INAI un órgano autónomo ha asegurado que las decisiones sobre acceso a la información sean tomadas sin interferencias partidistas o de algún poder público, y con ello garantizar un derecho fundamental para todas las personas: que la información pública sea accesible y que la ciudadanía tenga un recurso confiable para apelar las negativas de información por parte de las autoridades”.
“El avance del derecho a la información, ganado por la sociedad, es vital para el ejercicio de otros derechos y para el fortalecimiento de la democracia, por lo que no podemos retroceder en su protección. Trasladar estas responsabilidades a dicha Secretaría representa una regresión al abrir la puerta para qué la entrega de la información y la transparencia quede subordinada al Ejecutivo, en un contexto en el que han aumentado las negativas de información y reservas a la misma”.
“Por ello, las organizaciones que suscribimos el comunicado hacemos un llamado a generar un proceso abierto que permita mejorar el actual andamiaje institucional que vela por el derecho a saber de la sociedad y desechar la reforma que busca desaparecer los organismos garantes, para dar pauta al fortalecimiento de un gobierno verdaderamente abierto”.
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