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La Minuta

Derechos laborales de familias jornaleras en el olvido gubernamental mientras la muerte asecha

La población jornalera es una de las más vulnerables y olvidadas en cuanto a derechos humanos se trata, familias indígenas sumidas en la pobreza buscan una alternativa en los trabajos de los campos agrícolas, a pesar del irrisorio salario de 30 a 35 pesos la arpilla en el corte de chile y tomatillo. Para las autoridades estatales y federales es fácil invisibilizar a los y las trabajadoras agrícolas, mientras el racismo sistémico y la muerte los asechan.

En ese sentido el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan dio a conocer que el pasado 29 de agosto de 2024, a las 10 de la noche dos personas y una mujer embarazada de Zacatecas, así como Maricela y el niño Alexander de 7 años de la Montaña de Guerrero perdieron la vida tras sufrir un accidente en la carretera federal 49, a la altura del entronque al municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas.

Las familias jornaleras habían terminado su jornada de trabajo con Los Menonitas en el municipio de Río Grande. Regresaban del arduo trabajo cuando el conductor del autobús perdió el control del volante y terminó volcado en la carretera Juan Aldama a Fresnillo,  Zacatecas. Los agentes de la Guardia Nacional señalaron que por la mala condición del autobús generó que se destrabara una llanta trasera y por eso el chofer perdió el control.

Estuvieron toda la noche a la intemperie con el dolor y sin la atención de las autoridades. Fue hasta las dos de la mañana del viernes 30 de agosto que llegó personal de la Fiscalía de Fresnillo para realizar el levantamiento de las cinco personas que fallecieron, entre ellas el conductor, así como el niño Alexander de 7 años y su mamá Maricela, originarios de la comunidad Me’ phaa Bathaa de Santa María Tonaya, pero radicaban en Monte Olivo, municipio de Tlapa, Guerrero.

Tlachinollan realizó una solicitud a la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales del estado de Guerrero para el apoyo de traslado de los dos cuerpos de la familia. Sin embargo, al no contar con un programa para casos emergentes lo turnó al DIF Estatal para cubrir los costos de traslado.

Apenas en febrero del presente año se registró un ataque armado en contra de un camión que transportaba 29 jornaleros agrícolas en Sonora, dejando a tras menores de 15 años y una mujer asesinados, luego en mayo el niño Javier Modesto de 3 años fue desaparecido y posteriormente encontrado sin vida mientras su padres trabajaban en los campos agrícolas.

“La renta de las casas, algunas en obras negras, oscilan de 4 a 8 mil pesos durante tres meses que es lo que dura la cosecha. Los trabajadores agrícolas no cuentan con prestaciones de ley. No tienen contratos y por lo mismo permanecen sin certeza laboral, en la esclavitud. En los campos no tienen vivienda digna, escuelas, guarderías para las infancias y mucho menos un seguro de viajero. Con la esperanza de una vida mejor, en los caminos y los campos los asecha la muerte” señaló Tlachinollan.

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