Las comunidades de Valles Centrales, pertenecientes al Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos y la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos-OPIZ, se pronunciaron este miércoles 13 de noviembre para exigir a las autoridades federales la cancelación del proyecto minero San José y las concesiones mineras otorgadas en sus territorios sin su consentimiento.
Las organizaciones y comunidades se solidarizaron con las luchas que existen en Oaxaca y el país contra el extractivismo, ya que como han documentado, las afectaciones y violaciones a derechos humanos generadas por la minería, son una constante en detrimento del bienestar de la población y los territorios.
Señalaron: “El extractivismo minero es una expresión también de la violencia machista, por lo que reconocemos las luchas de las mujeres de los Valles Centrales para fortalecer el tejido social. Nuestra solidaridad con la lucha de Capulálpam de Méndez contra el proyecto minero Natividad y la resistencia del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAÍZ) que ha luchado por justicia y dignidad para los pueblos”.
Denunciaron que el proyecto minero San José se encuentra en operación gracias a las prebendas otorgadas por la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), quienes, a pesar de comprobar la inviabilidad del proyecto “otorgaron los permisos necesarios para que la Compañía Minera Cuzcatlán siguiera operando en nuestro territorio sin contar con la aprobación de nuestras asambleas agrarias y municipales”, asentaron.
Acusaron que la empresa minera ha visitado en reiteradas ocasiones a las comunidades ofreciendo apoyos ridículos para generar división comunitaria y debilitar el tejido social. “Helicópteros han sobrevolado el territorio de El Llano Sitio Santiago, Santa Catarina Minas y San Baltazar Chichicapam, sin las autorización de las autoridades locales”.
Así mismo, informaron que presentaron un amparo regional firmado por 11 comunidades en diciembre de 2023, contra las 80 mil hectáreas concesionadas a la compañía minera. Por tal motivo, la empresa y las autoridades estatales o federales deben abstenerse de ingresar al territorio con el objetivo de promover los supuestos beneficios de la minera.
Dieron a conocer una declaratoria regional, firmada por 29 comunidades donde exigen respeto a sus territorios que abarcan los distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula en los Valles Centrales de Oaxaca.
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