La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite la petición presentada en favor de Antonio Barragán Carrasco, víctima de tortura, detenido arbitrariamente en 2001 y sentenciado en 2014 tras ser incriminado falsamente por el empresario Eduardo Gallo y Tello con el apoyo del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La secretaria técnica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Magdalena López Paulino, informó ayer que el caso se encuentra ya en etapa de admisibilidad por parte de la CIDH. Barragán es integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas.
El caso de Antonio Barragán estuvo viciado desde el inicio. Fue detenido de manera arbitraria e ilegal por el propio Eduardo Gallo, acompañado de un policía del estado de Morelos. Durante la detención, en Ensenada, Baja California, Barragán fue sometido a golpizas, asfixia y amenazas de muerte, para luego ser trasladado sin orden de aprehensión a Morelos y encarcelado en el penal de Atlacholoaya, donde lo obligaron a firmar declaraciones autoinculpatorias por el secuestro de Paola Gallo, hija del empresario. Este, con apoyo de un comando vinculado a Genaro García Luna, ejecutó a los verdaderos secuestradores de su hija y, posteriormente, fabricó culpables para justificar las muertes perpetradas en venganza, afirma Los Ángeles Press.
“Nosotros decidimos, los campesinos en Tepetixtla y más comunidades, organizarnos para defender los derechos de los pueblos, los derechos de los campesinos”, relata Barragán Carrasco en entrevista con La Izquierda Diario. El caso de Barragán forma parte de una larga lista de presos políticos que siguen en la cárcel. La CDIH le comunicó a la Red Solidaria Década contra la Impunidad que “se han remitido nuestra petición al Gobierno de México y se ha fijado un plazo de tres meses, para que este presente sus observaciones”.
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