La próxima semana se cumplen 10 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, detenidos por elementos de seguridad en la ciudad de Iguala, Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Ahora, el gobierno del estado inicia una campaña llamada “Para romper el pacto de silencio”, que se acordó con una comisión de padres de los normalistas, encabezado por el abogado Vidulfo Rosales Sierra con el gobierno estatal. Con espectaculares ofrecen 10 millones de pesos a quien aporte información del paradero de los 43 estudiantes, informa El Sur.
Con los años, el recuento de los hechos ha fortalecido una radiografía del terror. Todas las preguntas sin respuestas son heridas abiertas para las víctimas que aún resisten en pie. Las familias de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, ya no quieren saber de promesas. Solo buscan la verdad, aunque no vendrá desde el gobierno. Mario González, padre de César Manuel González Hernández, está convencido: “El presidente se volvió mentiroso y estuvo del lado del Ejército, los defendía a capa y espada”, dice a Connectas en su actual reportaje.
“Los intentos de expertos y organismos internacionales por avanzar en las indagaciones sobre el Ejército fueron vanos, a pesar de que incluso documentaron encubrimiento masivo, torturas a sospechosos y manipulación de las pruebas. En un momento clave, el Estado blindó a los militares. La relación cada vez más cercana del Ejército con el Gobierno se evidenció cuando comenzaron a asumir tareas antes desempeñadas por civiles, como por ejemplo construir megaproyectos, administrar programas de bienestar y recaudar ingresos aduaneros, entre otros”, escribe Fabiola Chambi en Connectas.
Ayer, en el foro virtual de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, titulado “Hasta encontrarles: la grave situación de la desaparición forzada en México”, los padres y madres de los normalistas desaparecidos compartieron su palabra sobre la digna lucha y resistencia en el proceso de construcción de verdad y justicia.
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