Atiende CIDH denuncias contra empresas eólicas en Juchitán

Integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) interpusieron diversas denuncias contra empresas eólicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este órgano internacional los invitó a presentar públicamente las violaciones que han sufrido en una comparecencia que se realizará el próximo 16 de agosto en la ciudad de México, informó Mariano López Gómez, uno de los voceros de la APPJ. La lucha emprendida por la APPJ, dijo, obligó a los integrantes y dirigentes a interponer seis denuncias ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) más 12 denuncias ante la Fiscalía de Delito de Trascendencia Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJE). También advirtió que en últimas fechas se está fraguando una “falsa” consulta. “En esta consulta, los tres niveles de gobierno quieren realizar una falsa consulta, maquillada, en donde invitan a participar a no más de 20 ciudadanos de respetuoso prestigio para que conteste un cuestionario sobre proyectos eólicos, además claro, se invitará a participar a los seguidores de todos los grupos de la COCEI para que se avale la instalación de por lo menos tres proyectos eólicos en Juchitán.”, explicó Mariano López Gómez. Leer también:

Cuáles son las afectaciones de parque eólico Bii Hioxo en Juchitán?

Denuncia San Dionisio del Mar concesiones mineras sin el consentimiento del pueblo ikoots

concesiones minera istmo En un comunicado, la Asamblea del Pueblo de San Dioniso del Mar se pronuncia sobre los últimos acontecimientos en la region y hace la siguiente denuncia: “Existen actualmente seis proyectos mineros autorizados por la Secretaria de Economía para San Dionisio del Mar, y se ha encontrado 5 evidencias de trabajos de exploración en el paraje denominado “La Riqueza” además de los proyectos de “Cerro León” “Salina Lodo” para la explotación de oro, plata, plomo, cobre, zin, sal, grava, sin el conocimiento y consentimiento del pueblo de San Dionisio del Mar. No obstante que la empresa eólica Mareña Renovable ha manifestado la reubicación de sus aerogeneradores en espinal Oaxaca, no dudamos que las empresas extranjeras y el gobierno seguramente con estas acciones están preparando las condiciones para despojarnos de nuestra “Barra Santa Teresa”, con otra razón social”.

Leer todo el comunicado aqui (pdf, 2 pág.). Más información: Huaves no recibieron apoyo por conflictos sociales en San Dionisio del Mar. Articulo de opinión de Carlos Beas Torres: El despojo del Istmo Mexicano y de Margarita Warnholtz Locht: No, los indígenas no se oponen al progreso

Silencio oficial en crimen de periodista oaxaqueño

Al cumplirse cuatro días de crimen cometido contra el periodista Octavio Rojas Hernández, colaborador de El Buen Tono, no hay aún ninguna declaración oficial de autoridades estatales y federales. En México se aprobó desde 2012 la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas que consiste en establecer un mecanismo de protección y prevención creado con el fin de garantizar la integridad física tanto de defensores de los derechos humanos como de periodistas. Con todo y que esta ley fue diseñada con el fin de garantizar la seguridad de quienes estén en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión o el periodismo en México, éste instrumento ha demostrado su total inoperancia. Mientras a nivel internacional empiezan a pronunciarse organizaciones sobre el asesinato, de parte de autoridades estatales no hay nada más que un boletín de la PGJE:

Investiga PGJE homicidio de comunicador social de Cosolapa y la entrevista con el subprocurador de justicia de la Cuenca del Papaloapam José Matus Cruz: No descartan que asesinato de periodista de Cosolapa sea por venganza (2 min.). ALERTA de Artículo 19: Procuraduría de Oaxaca no debe descartar vínculo profesional de comunicador asesinado. Reportaje de Vice: A Mexican Journalist Is Murdered After Reporting a Fugitive Police Chief’s Alleged Criminal Ties

Persiste tensión y agresiones en Cotzocón, acusan desplazados

A dos meses del éxodo masivo en San Juan Cotzocón, Mixe, las 170 personas que salieron de la comunidad ante una serie de encarcelamientos ilegales y violaciones a derechos humanos por parte de un grupo de personas encabezadas por el hoy prófugo Gorgonio Tomás Mateos, continúan viviendo en el anexo a una Iglesia de la capital. De acuerdo con Ana Luisa Nolasco Díaz, habitante exiliada, continúan los saqueos en las casas de las personas que huyeron de la localidad. Narró que hace 15 días intentó regresar a la población para atender un negocio; sin embargo cuando estaba despachando, un grupo de personas en estado de ebriedad intentó golpearla. Señaló que lo anterior fue constatado por algunas personas que han regresado momentáneamente a la localidad. Leer también:

Persisten violaciones a DH en Cotzocón dicen desplazados; mantienen albergue en Iglesia y “Cotzocón todavía no está bien”

Marchan miles en Puebla para exigir abrogación de la ley bala

Miles de pobladores de distintas regiones del estado marcharon este jueves en la capital de Puebla para exigir al Congreso local que derogue la reforma que quitó a las juntas auxiliares la facultad de brindar los servicios de registro civil y seguridad pública. Los inconformes también demandaron que se abrogue la llamada ley bala, que permite a la fuerza pública usar armas incapacitantes no letales al enfrentar a manifestantes. Se trató de la segunda megamarcha contra la administración morenovallista en menos de una semana, la cual se realizó a lo largo de 10 kilómetros, en el marco de las investigaciones que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en territorio poblano por la represión en Chalchihuapan del 9 de julio. Más información:

Juntas auxiliares, una marcha por su identidad, Ofrece la CNDH imparcialidad pero defiende la “ley bala” e Investigará CNDH con proveedores de armamento el posible uso de balas de goma en Puebla

Chontales de Tabasco toman más pozos petroleros en protesta por daños de Pemex

El mismo día en que el gobierno federal definió los lineamientos de la Ronda Cero, con la que inicia la operación de la Reforma Energética y en la que se definieron los yacimientos y proyectos en los que incursionará Petróleos Mexicanos (Pemex) antes de la apertura del sector a las empresas privadas, campesinos de Cárdenas y Huimanguillo, Tabasco, tomaron nuevos pozos de la paraestatal para protestar por los daños que ésta ha causado a sus tierras, a su economía y a su salud. Pese a las pérdidas del orden de los cuatro mil 253 millones 400 mil pesos, que se han generado por más de 100 días de manifestaciones y bloqueos en instalaciones petroleras, tras la explosión del pozo Terra 123, Pemex no ha logrado resolver el conflicto con los pobladores afectados. Este miércoles, las protestas y cierre de instalaciones petroleras por parte de campesinos del Cárdenas y Huimanguillo se intensificaron. Unos 800 campesinos se apostaron en los pozos Cárdenas 142 y Cárdenas 164:

Amplían toma de pozos y corren a funcionarios de Pemex y Amenaza PGR; cita a líderes chontales. Leer también: Evacuan a 500 por fuga de gasolina en Huimanguillo

Difunden “Las 13 mentiras de la presa El Zapotillo”, en respuesta a Conagua

El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo respondió a Las 13 verdades de El Zapotillo, un documento elaborado por el delegado en Jalisco de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Elías Chedid, dado a conocer en junio pasado, y con el que el funcionario justificó la modificación al proyecto que se construye en el río Verde, en la región Altos de Jalisco. Los afectados por la Presa El Zapotillo lanzaron el documento Las 13 mentiras de la presa El Zapotillo, con el que respondieron al funcionario federal:

“Las 13 mentiras del proyecto Presa El Zapotillo”, Ver video: La reubicación de Acasico según la CONAGUA (3 min.)

Negligencia de Grupo México tras derrame en Cananea, acusa Profepa

La empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, que opera la mina en Cananea, Sonora, donde se derramaron 40 millones de litros de sulfato de cobre con metales pesados, actuó en forma negligente, no vigiló las fugas de los residuos, y se buscará aplicarle la máxima sanción, que es de alrededor de 3 millones de pesos, señaló Arturo Rodríguez Abitia, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana demandó una investigación a fondo de los daños ecológicos provocados en Sonora por el consorcio Grupo México. Según el sindicato, el derrame es un nuevo ‘‘homicidio industrial’’, por lo que es irrisoria la multa que quieren imponer al consorcio:

Pide el sindicato minero castigar ‘‘homicidio industrial’’ en Sonora y Mínimo gasto de mineras para medio ambiente

La policía estadunidense primero reprime con armas militares a manifestantes en Missouri – y luego da un giro conciliador

Se cumplen cinco días de protestas en la localidad de Ferguson, estado de Misouri, Estados Unidos, tras el asesinato del adolescente afro Michael Brown a manos de un policía. Las manifestaciones han llamado la atención del país frente a lo que se considera un nuevo atco de violencia racial y policiaca contra jóvenes afrodescencientes a quienes se les relaciona intrínsecamente con narcotráfico o pandillas violentas. La policía de los Estados Unidos ha respondido a las protestas con tanquetas y equipo militar y varios de los manifestantes han declarado haber recibido disparos con balas de goma. Además, los agentes han arrestado a periodistas de Washington Post y The Huffington Post. Como indica Radley Balko, en su libro “The Rise of the Warrior Cop” (El ascenso del policia guerrero), la militarización de la policía norteamericana durante la última década llega a cotas surrealistas.

El jueves, en cambio, la policía brilló por su ausencia. Y los pocos agentes presentes en la avenida Florissant se mostraron muy cercanos a los manifestantes. La actitud fue muy diferente a la distante, desafiante e intimidatoria de los agentes de la policía del condado. El Capitán de la Patrulla estatal de carreteras Ron Johnson, un afroamericano que creció en Ferguson, y nuevo responsable de la zona, ha visto como miembros de seguridad y manifestantes se mezclaban sin que hubiera enfrentamientos. El ambiente de mayor tranquilidad propició que se vieran a muchas más familias con hijos participando en la masiva congregación. Más de 90 ciudades de 35 estados de Estados Unidos celebraron hoy vigilias y un “minuto de silencio nacional” en honor a las víctimas de la violencia policial: