Organizaciones mexicanas e internacionales expresan su “profunda preocupación por el contexto de criminalización contra líderes y lideresas indígenas que defienden derechos humanos en México”, que enfrentan detención arbitraria, prisión preventiva prolongada “así como penas privativas de libertad injustas, excesivas y desproporcionadas”, afectando así su labor de defensa de derechos humanos e impactando en su vida personal, familiar y comunitaria.
En su boletín, las organizaciones retoman los casos de David Hernández Salazar y Pablo López Alavez en el estado de Oaxaca, el caso de Kenia Hernández Montalván y de Tomás Martínez Mandujano en el Estado de México, así como el caso de Saúl Rosales Meléndez en el estado de Tlaxcala, y los casos de Versaín Velasco García y los defensores maya-tseltales de San Juan Cancuc, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez en Chiapas, que ilustran “este preocupante patrón de persecución y criminalización”.
Esta forma de represión “se ha vuelto una tendencia alarmante que muestra un patrón de racismo y violencia desproporcionada por parte del Estado mexicano”, por lo que instan a las autoridades en México “a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos de protección de las personas defensoras de derechos humanos, así como con los estándares referentes a los pueblos indígenas”, reiteran en el boletín firmado por ocho organizaciones y redes y publicado por Front Line Defenders.
