Setenta organizaciones de la sociedad Civil expresaron su profunda preocupación ante el nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal General del Estado de Chiapas, designación que “agrava aún más la situación de los derechos humanos en Chiapas” señalaron en un pronunciamiento conjunto.
“El nombramiento de Llaven Abarca coloca a un Fiscal comprometido con los grupos de poder político y fáctico en Chiapas, enviando una clara señal de que su gobierno no solo apuesta por la corrupción y la impunidad, sino también por prácticas de represión y violaciones a derechos humanos”.
Y es que, durante su desempeño en el servicio público, Llaven Abarca demostró ser perjudicial, especialmente en su rol como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana durante el gobierno de Manuel Velasco Coello. “Su gestión se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas, hechos que permanecen en la impunidad. Se le suma también que no tomó las medidas necesarias para prevenir la violencia contra las mujeres, resultando en un aumento de feminicidios, a pesar de la Alerta de Violencia de Género en Chiapas” alertaron.
Las organizaciones recordaron que Llaven Abarca ha tenido varios cargos muy cuestionables en cada una de sus gestiones, tanto en su paso como delegado en Chiapas de la Procuraduría General de la República y como titular de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. Ha sido agente del Ministerio Público, fiscal del Ministerio Público especializado, encargado de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio y jefe de la Unidad Especializada contra el Delito de Secuestro.
Además señalaron que el funcionario fue identificado como perpetrador de múltiples violaciones a los derechos humanos en la detención y tortura de integrantes de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón, y la muerte bajo tortura de Luis Ignacio Lara Vidal en 2005, entre otros casos. A pesar de este historial, en agosto de 2011, fue designado Delegado de la PGR en Chiapas en el contexto de la “guerra contra la delincuencia” implementada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Por ultimo destacaron que en Chiapas “es urgente una fiscalía autónoma” y “un cambio de estructura y de funcionarios”, por lo que exigieron “una transformación profunda de las instancias de procuración de justicia” que permita un cambio al panorama “gris” en el que se encuentran los derechos humanos en la entidad.
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