Habitantes de San José el Progreso exigieron la anulación de la consulta que se llevó a cabo el pasado domingo. Indicaron en conferencia de prensa que la consulta programada para el pasado 24 de noviembre fue violentada, ya que, el edil Alberto Mauro Sánchez facilitó autobuses para las agencias de Maguey Largo, Cuajilote, Los Vásquez y Lachilana. Mauro Sánchez violó con estas acciones la imparcialidad del proceso, así como la objetividad, ya que utilizó el transporte oficial para el traslado de los ciudadanos de otras agencias como la Garzona y el Porvenir. A este grupo de pobladores también les fueron entregados despensas, pollitos, láminas y la cantidad de 400 pesos, es decir estuvo coaccionando y presionando para que acudieran a votar por la pregunta según su conveniencia en la consulta que empezó a desarrollarse. Dicha consulta tuvo que ser suspendida ante una serie de irregularidades cometidas por el funcionario y su cabildo así como por la policía municipal, entre ellos Adán Arango González, quien amenazo de muerte a Salvador Vásquez Vásquez públicamente, por exigir se respetaran los acuerdos. Por lo anterior responsabilizaron al edil de lo que llegue a suceder en la comunidad, ya que existen antecedentes de hechos violentos y muertes generados por él mismo y su grupo armado; quienes pretender imponer un procedimiento electoral que no está reconocido por el consenso de la consulta.
La sentencia final del TPP, después de analizar las pruebas documentales y testimoniales ofrecidas por el MAPDER, establece que la CFE, la CONAGUA, la SEMARNAT se encuentran entre las principales instancias responsables de apoyarse en las estructuras de poder y control caciquil en las regiones para amenazar, hostigar y criminalizar a los/as defensores/as del territorio. En relación con el Estado mexicano lo considera culpable por permitir la simulación, el desvío de poder y la impunidad ante los impactos sociales y ambientales de un modelo privatizador del agua y la energía, que además favorece intereses de inversionistas nacionales y extranjeros en la construcción, manejo y operación de las presas a través de millonarios contratos de obra pública, como Abengoa, Fomento de Construcción y Contratas (FCC), Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), La Peninsular, Grupo La Nacional, Tradeco, Grupo Hermes, entre otros.
Acusación General del Tribunal Permanente de los Pueblos
Organizaciones civiles de todo el estado se manifiestan contra la violencia hacia las mujeres
En el marco del Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Consorcio detalló que en el caso de Oaxaca la violencia contra las mujeres cada vez es más alarmante y que en el sexenio de Gabino Cué se han documentado 240 feminicidios. Asimismo, ahondaron que “la actuación de los jueces es muchas veces parcial” por lo que exigieron que las sentencias incorporen la perspectiva de género; el cese de la violencia contra las mujeres y a las graves irregularidades que están atravesando familiares de víctimas de feminicidios para acceder a la justicia”. Por otra parte, en un evento realizado en San Juan Cacahuatepec, la organización Codigo DH participó con una intervención enfocando los cambios actuales en el Sistema de Justicia Penal y la obligación de las autoridades de cumplir su mandato para la protección de los derechos de la Mujer. Así mismo, organizaciones del bajo mixe y del istmo denunciaron en esta región existen muchos casos de mujeres indígenas que han sufrido y siguen sufriendo violencia intrafamiliar. “Por esto, esta celebración, la estamos realizando, capacitándonos en diferentes temas que tienen que ver con nuestra situación, porque solamente de esta manera conoceremos nuestros derechos y organizadas; saldremos adelante de la marginación en que nos tienen”. Leer el Boletín de Prensa.
Piden Alerta de Género en Chiapas y Guanajuato
“La violencia que no se ve, pero esclaviza mentes” Anel Flores Cruz
El costo de la resistencia en Guerrero
Las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura son la constante contra los activistas guerrerenses, lo mismo estudiantes que ecologistas, líderes campesinos, productores agrarios, policías comunitarios y defensores de derechos humanos. En el estado de Guerrero los movimientos sociales han tenido muchos motivos por los cuales mantener la voz en alto y no dejar de organizarse: pobreza, impunidad, falta de acceso a servicios dignos de salud, educación, vivienda y -cada vez de manera más frecuente- la defensa de sus territorios de empresas nacionales y extranjeras, que junto con el gobierno buscan explotar los recursos naturales que ahí se encuentran: agua, minerales, bosques. Pero en Guerrero, defender los derechos que no les son garantizados, y pertenecer o ser líder de una organización social tiene su precio: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y amenazas son algunos ejemplos de lo que muchos defensores de derechos humanos y luchadores sociales enfrentan. La lista de agraviados es larga: Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Raúl Lucas Lucía, Manuel Ponce Rosas, Rocío Mesino, Luis Olivares.
Entrevista en Radio Bilingüe con Raymundo Díaz y Abel Barrera
En Colima rechazan proyecto minero, no consultaron a la comunidad
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y la comunidad nahua de Zacualpan rechazaron la instalación de una empresa minera de oro, plata y cobre en el principal manantial que surte de agua a la zona conurbada, en el municipio de Comala, Colima. Señalaron que sin información ni consentimiento de la comunidad indígena, el empresario local de la concesión minera No. 201872, Rigoberto Rodríguez, pretende extraer los minerales. De acuerdo con un comunicado emitido por la Rema, esto se pretende hacer con el apoyo de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz, del gobernador del estado de Colima, Mario Anguiano Moreno, del presidente municipal de Comala, Braulio Arreguín Acevedo, y de las autoridades comunales “corrompidas por el empresario local”. Sin embargo, se expone, “luego de la asamblea informativa de comuneros y avecindados sobre los efectos de la minería, la comunidad indígena nahua de Zacualpan, municipio de Comala, en el estado de Colima, en su Declaración del 18 de noviembre de 2013, acordó no permitir la instalación de ninguna empresa o actividad minera en su territorio; promover al territorio libre de minería; capacitarse para defender su territorio; y rechazar cualquier intento de oferta o dádiva del empresario o del gobierno con el fin de lograr la licencia social”.
Boletín El Topil XX El Derecho a la Consulta
Denuncian fraude electoral en Honduras
El ex presidente hondureño Manuel Zelaya, derrocado tras un golpe de Estado en 2009, denunció hoy fraude en los comicios del domingo y acusó a las autoridades electorales de robar el triunfo de la candidata de izquierda Xiomara Castro, su esposa, en favor del abanderado oficialista de derecha Juan Orlando Hernández. No aceptamos los resultados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dijo Zelaya ante la prensa. Cientos de simpatizantes de Castro salieron a las calles y luego se manifestaron en las cercanías del TSE, mientras el presidente hondureño Porfirio Lobo llamó a evitar confrontaciones. Las urnas hablaron de un cambio en nuestro país. No queremos negociación, agregó Zelaya, e insistió en que su esposa es la presidenta electa, postulada por el Partido Libertad y Refundación. Aseveró que hay inconsistencias en 19 por ciento de las actas electorales (que representan 400 mil votos).
Los titulares de hoy:
Advierten “focos rojos” en la elección de autoridades de San José del Progreso
Organizaciones civiles de todo el estado se manifiestan contra la violencia hacia las mujeres
El costo de la resistencia en Guerrero
En Colima rechazan proyecto minero, no consultaron a la comunidad
Denuncian fraude electoral en Honduras
