Este 22 de marzo Día Mundial del Agua, investigadores, organizaciones sociales y ambientalistas de la Contraloría Nacional Ciudadana Autónoma del Agua exigieron la urgente elaboración de la Ley General de Aguas en México para reemplazar a la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN), una reforma promulgada en la constitución desde hace 13 años, pero que los gobiernos han omitido.
Integrantes de esta organización señalaron que, para garantizar el acceso equitativo y sustentable, se requiere la implantación de la Ley General de Aguas, que al mismo tiempo ayudará a corregir el sobreconcesionamiento a particulares, pues en un periodo neoliberal de 11 años el número de permisos pasó de 2 mil 600 a 360 mil, entre 1992 y 2003. Dichas concesiones han contribuido a la violación sistemática de los derechos al gua de pueblo indigenas.
Estas problemáticas, propiciadas por la LAN, afectan a diversos estados ya que dicha ley de 1992 y que favorece a las industrias extractivas que mercantilizan este líquido, no ha sido reformada y es violatoria de la sentencia de la Suprema Corte, en la que se obliga al Poder Legislativo a trabajar en la materia, señaló Óscar Arredondo, del colectivo Red Agua para Todos.
La Contraloría identificó de 7 mil concesiones irregulares que dio a conocer Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua, así como la restauración de los ríos Lerma-Santiago. Sin embargo, externaron su preocupación por sanearlos a través de plantas de tratamiento y colectores, sin eliminar las fuentes de contaminación ni involucrar a las comunidades locales en la regeneración de sus cuencas.
En Oaxaca, dos tercios de la población no cuenta con las condiciones favorables para acceder al suministro de agua potable, y el 91% de los oaxaqueños no confía en la calidad del agua que recibe para beberla sin temor a enfermarse, además, el suministro diario de agua por persona se redujo a alrededor de un tercio de lo que recibían en años anteriores. Por ejemplo en el año 1996 el suministro de agua era de 276.40 litros por persona, en 2021 se redujo a sólo 107 litros por persona en el estado, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2023 publicada en 2024.
La falta de normatividad dificulta la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el agua en el territorio. Esto incluso ha sido estipulado en acuerdos internacionales ratificados por México, como el Acuerdo de Escazú, que declara en su artículo 7 la obligación del Estado de crear las condiciones adecuadas para propiciar la participación ciudadana y que se apeguen a los principios de transparencia y rendición de cuentas para facilitar el ejercicio de participación de la ciudadanía.
Comunicado LA CONTRALORÍA NACIONAL AUTONOMA DEL AGUA SE COMPROMETE A UNIR VOLUNTADES EN DEFENSA DEL AGUA EN EL TERRITORIO | La Jornada Piden desprivatizar el agua para garantizar un acceso equitativo y sustentable | Animal Político 13 años de omisión: México sigue sin una Ley General de Aguas pese a su obligación constitucional | La Minuta Detener el despojo hídrico objetivo de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua-EDUCA
