La Minuta

A 5 meses del terremoto: 1 de cada 20 casas se ha reconstruído

By 7 febrero, 2018 Sin Comentarios

terremoto5mesesA cinco meses del terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter, la reconstrucción apenas y alcanza el cinco por ciento, “sobre todo por la magnitud del desastre y por una cuestión de logística, ha sido muy difícil llevar los materiales a una región tan devastada”, lamenta el Comité Melendre. Consideró además como una promesa incumplida por parte de las autoridades federales y estatales la falta de acompañamiento técnico a las familias que perdieron su patrimonio, “nadie verifica”. Por su parte, la Coordinadora General de Damnificados del Istmo (CGDI) y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), bloquearon este martes la Carretera Transístmica. Teófilo Juárez Vasconcelos, presidente de la colonia Los Robles Sur y representante de la Coordinadora de Damnificados en Matías Romero, detalló que los representantes de las organizaciones ciudadanas de los municipios de la región del Istmo y la zona norte del Istmo, acordaron la planificación de la jornada regional de lucha, ante la incapacidad y falta de compromiso por parte de los funcionarios, para atender a miles de familias damnificadas que hasta la fecha aún no reciben el apoyo del gobierno. Más información:

Damnificados del Istmo bloquean carreteras ante falta de respuesta de autoridades, Congelaron fondos de tarjetas a damnificados, Federación abandonó a damnificados tras sismo en Oaxaca y Demandan reconstrucción de aulas en Matías Romero, Oaxaca. Contexto: Dossier “Terremoto 9 de septiembre de 2017”, un esfuerzo para la memoria colectiva. Grafica: El Topil 32.- Reconstrucción y Olvido.

 

Miles de maestros se amparan contra la Ley de Seguridad Interior

A0F38156 AC3D 4D59 8732 F39848DEB75CA través de siete amparos colectivos que promovieron 43 mil maestros de la Sección 22, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) mostró su rechazo hacia la Ley de Seguridad Interior que promulgó en diciembre pasado el presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con la representante del cuerpo jurídico de la Sección 22, Danae Echeverría Clavel, los amparos se promuevan bajo el argumento de que esta Ley viola los derechos humanos porque intenta persuadirnos en el ejercicio de nuestros derechos, intimidarnos y discriminarnos: esta Ley no respeta la soberanía estatal, ni la autonomía de los pueblos y si al gobierno le estorba alguien o lo considera una amenaza para sus megaproyectos puede mandar encarcelar a cualquiera con el argumento de ser terrorista. Alguien que defienda sus tierras o el territorio de los proyectos mineros, eólicos o hidráulicos que han sido entregado a empresas extranjeras, pueden ser detenidos o desaparecidos amparados en la Ley de Seguridad Interior. Finalmente, señaló que de acuerdo a la Constitución el Congreso de la Unión no está facultado para legislar sobre seguridad interior”.

Leer la nota completa de Pedro Matías: Más de 43 mil maestrxs presentan amparo contra Ley de Seguridad Interior. Contexto: Comunidades, sindicatos, Defensoría y ciudadanos se amparan contra Ley de Seguridad Interior.

 

Demandará FIOB a Aeroméxico por “perder” ayuda humanitaria tras el terremoto

fiobbb“A través de Aeroméxico se estuvieron enviando víveres al Istmo de Tehuatepec, sin embargo hay tres toneladas de ropa, calzado y cobijas nuevas, que hasta la fecha no han aparecido”, refirió Romualdo Gutiérrez Cortés, coordinador binacional del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB). También subrayó que no se pueden aprovechar los momentos de la tragedia (el terremoto del 9 septiembre de 2017) para desviar hacia otros fines los artículos que de manera solidaria recolectaron los migrantes para los damnificados del Istmo y Mixteca, por ello informó que la organización demandará penalmente a la aerolínea. El coordinador del FIOB explicó que la ayuda recolectada se envió a través de la Asociación Civil Ubandichi, la cual de manera formal hizo la petición a la gerencia de Aeroméxico para el traslado de los víveres a la ciudad de Oaxaca, por lo que fueron entregados al aeropuerto de la ciudad de Tijuana, Baja California, pero solo llegaron a su destino agua embotellada y medicamentos. Cabe destacar que los integrantes del FIOB cuentan con el acuse de recibo de la aerolínea, con el cual acreditan que los artículos fueron recibidos en el aeropuerto de Tijuana.

Leer la nota completa de Rafael Ramírez: Demandará FIOB penalmente a línea aérea.

 

Frente de organizaciones sociales se manifiesta en la CdMX contra megaproyectos

27752517 10204272088640341 2117854899847466937 nEl Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), junto con otras organizaciones, se moviliza esta semana en la Ciudad de México para demandar a la Secretaría de Gobernación (Segob), respeto a la libre determinación de las comunidades indígenas, ante la intención del gobierno federal y de empresas transnacionales de explotar minas y construir presas hidroeléctricas en la Mixteca y en la Sierra Mazateca, respectivamente. En la movilización frente la Segob, la CDI y Sagarpa participan más de 700 representantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), el Consejo Indígena del Valle de Uxpanapa (Ciux), el Centro Experimental Raa Ñaa y las radios Xuba Huini, Coalt y Tlayoli, así como organizaciones y representaciones del MAIZ de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y de la propia Ciudad de México. Además, una centena de damnificados del sismo del 19 de septiembre, originarios de comunidades indígenas de la Mixteca, están pidiendo al gobierno federal que se haga un nuevo censo con la finalidad de ser incluidos y que puedan realizar la reconstrucción de sus casas.

Piden mixtecos de Oaxaca nuevo censo de daños por sismos de septiembre.

 

A un mes de la masacre en Acapulco, el CECOP advierte que continuará su lucha contra la presa La Parota

dbb31cd5d0f38e8f6ccbb5456d140857 LIntegrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades opositores a la presa La Parota (Cecop) señalaron que continuarán la lucha contra la hidroeléctrica que pretende edificar la Comisión Federal de Electricidad en el río Papagayo desde hace 15 años. En asamblea sostenida en la comunidad de Los Ilamos, madres y esposas acusaron que existen irregularidades y violaciones a derechos humanos de los 25 policías comunitarios y miembros del Cecop presos en el penal Las Cruces, tras los hechos ocurridos el 7 de enero pasado en La Concepción, en el Acapulco rural, con saldo de cinco comunitarios y seis civiles muertos y 25 detenidos. Al respecto, familiares de quienes perdieron la vida en el operativo de desarme emprendido por policías estatales y ministeriales, señalaron que al menos a un policía comunitario caído, se lo llevaron detenido vivo a los separos de la Fiscalía General del Estado en Acapulco: “Cuando se lo llevaron tenía una herida por un rozón de bala en el brazo izquierdo. Fue hasta que pudimos ver el cuerpo, que nos percatamos que tenía un balazo en la cabeza y otro en las costillas”. Más información:

Tirar a matar: ejecuciones extrajudiciales en La Concepción, Guerrero, por el Tlachinollan. Enfrentar la muerte por defender la vida, por Sergio Ferrer.

 

A medio año del socavón en Paso Exprés, la familia Mena sigue sin obtener justicia

1517965549E41Han pasado poco más de seis meses de que Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero, fallecieran por asfixia luego de quedar atrapados en un socavón que se generó en las primeras horas del 12 de julio de 2017 en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos. A medio año de distancia del accidente, hasta el momento ningún funcionario ha sido sancionado como consecuencia de la muerte de los Mena. Ante ello, la organización Impunidad Cero dio a conocer el informe “Impunidad, Sanciones Administrativas y el Socavón del Paso Exprés”, para denunciar la impunidad en el caso. La investigación, que corre a cargo del abogado especialista en Derecho Administrativo y Derecho Procesal Civil, Darío Ángeles, exhibe la impunidad y señala que según la legislación actual, la SFP, a través de sus órganos internos de control (OIC), es la encargada de imponer al personal de la dirección general de Carreteras y de la dirección general del Centro SCT en Morelos las sanciones de inhabilitación de diez a 20 años, destitución del cargo y multa; mientras que al secretario de Comunicaciones y Transporte, al subsecretario de Infraestructura y al coordinador de Centros de la Secretaría se les debe imponer una multa, si no es que la destitución del cargo (como ocurriría en otros países sólo por la presión de la opinión pública), así como al personal responsable de Banobras y el INAP

Leer el informe: el informe “Impunidad, Sanciones Administrativas y el Socavón del Paso Exprés” (pdf. 21 pág.).

 

Alerta ONU sobre ejecuciones extrajudiciales en El Salvador

xagnes callamard.jpg.pagespeed.ic.EmojE72lO Ayer, la ONU alertó de indicios de ejecuciones extrajudiciales en El Salvador como parte de la campaña de mano dura en contra de las pandillas. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, pidió poner fin a lo que llamó un círculo vicioso de impunidad. “He hallado un patrón de comportamiento entre el personal de seguridad que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza”, dijo Callamard en conferencia de prensa al concluir doce días de investigación en el país. Callamard además criticó la repuesta de las autoridades y sostuvo que ésta no debe profundizar más la violencia independientemente de cuan complejo sea el contexto o de qué tanta sea la exigencia en recursos públicos. Por su parte, el Gobierno de El Salvador desestimó el llamamiento de la ONU para cesar las medidas “crueles e inhumanas” de seguridad adoptadas en las prisiones con pandilleros. “Nosotros respetamos esas opiniones, pero la presión más relevante e importante es el clamor de la población por garantizar y mejorar las condiciones de seguridad en el país”, sostuvo el portavoz gubernamental, Eugenio Chicas, en una entrevista en el canal estatal. Cabe destacar que El Salvador registró al menos 3,954 homicidios durante el 2017, un 25 por ciento menos que los computados en 2016, baja atribuida a la ofensiva que el Gobierno mantiene contra las pandillas, según un portavoz de Seguridad.

Más información: Gobierno descalifica a la ONU y pide renovación de medidas extraordinarias.

 

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