El 6 de agosto de 2014, una presa de jales con deshechos de una minera de Grupo México derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el Río Tinajas, afluente de los ríos Bacanuchi y Sonora. Es el peor desastre en la historia de la minería en México. Cinco años después del derrame tóxico, las comunidades afectadas continúan contaminadas y sin agua potable. Todo lo prometido por Grupo México ha sido hecho a medias. Mientras, Germán Larrea, el presidente de la corporación, sigue siendo el segundo hombre más rico del país. De 2014 a la fecha, la población de Bacanuchi se redujo a la mitad. Solían vivir ahí unas 400 personas, entre ejidatarios y avecindados. Ahora son alrededor de 200. En vacaciones todavía se duplica la cantidad: muchos originarios que residen habitualmente en Arizona, Estados Unidos, regresan. Ninguna investigación ha revisado el daño por exposición y acumulación de metales en el cuerpo de personas y animales en la cuenca. La organización no gubernamental Poder ha dado seguimiento al derrame desde el inicio. Apuesta por la autogestión, y ha buscado que los pobladores se organicen. Actualmente, los habitantes de los pueblos afectados están coordinados en 12 comités en seis municipios. “Germán Larrea, el segundo hombre más rico de este país, jamás fue a Sonora a dar la cara. Lo que hizo fue crear un mecanismo que le garantizara impunidad“, afirmó Luis Miguel Cano, representante de los afectados, hoy en una manifestación frente la Suprema Corte, para exigir justicia sobre este caso. Leer los reportajes:
Derrame del Río Sonora: cinco años de horror y El peligro latente de vivir a la orilla del río Sonora. Contexto: ¡Justicia ya para el Río Sonora!, exigen los afectados a la Suprema Corte. Foto: RedTDT.
