Organizaciones sociales protestan contra la militarización de Oaxaca

Un grupo de activistas pertenecientes a diversas organizaciones sociales protestan en las puertas de la Casa Oficial que se ubica sobra la Avenida Juárez, donde colocaron las frases: La transición ha muerto y ha muerto el gobierno del cambio. De acuerdo con Flavio Sosa, esta protesta pacífica es porque están en contra de la militarización del estado, por lo que piden el regreso a sus cuarteles de los policías y militares, así como un alto a la represión de la protesta, un alto a los feminicidios y que se esclarezcan los crímenes políticos que no han encontrado justicia. El activista declaró que esta protesta también es un reclamo al gobernador de Oaxaca por la falta de cumplimiento a los compromisos de una política social alternativa. Sosa Villavicencio dijo que en Oaxaca hay total impunidad, que hasta Ulises Ruiz se pasea en el Estado hablando de justicia, diciendo que están bien las decisiones de Gabino Cué. En la protesta se dió lectura a un pronunciamiento firmado por más de 50 colectivos civiles, sociales y populares:

Exigen organizaciones retirar de Oaxaca a militares y agentes de Policía Federal. Leer también: La militarización de Oaxaca y el magisterio, por Luís Hernández Navarro.

Magisterio enfrenta “la peor represión militar en su historia”: San Dionisio del Mar

Con un boletín, la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar (ADPSM) rechaza el “programa de contrainsurgencia que tiene el gobierno mexicano hacia la población civil”, haciendo mención de la desaparción de los 43 normalistas y de los casos Tlatlaya y Ostula y los crímenes en la colonia Narvarte. Según la ADPSM la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca es “una cortina de humo, para justificar la represión a los movimiento sociales”. Reiteran que “los campesinos, pescadores, amas de casa, padres de familia miembros de la ADPSM manifestamos nuestra solidaridad con el magisterio Oaxaqueño que en estos momentos enfrenta la peor represión militar en su historia por las fuerzas federales, por mandato del presidente de la republica Enrique Peña Nieto”.

Leer el boletín. Más información: Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 50 de Juchitán, rechazan ingreso de Gendarmería, Se propone Solalinde como mediador entre el gobierno y Sección 22. Leer también: Reestructuración educativa: incertidumbre y violación a derechos y Sección 22 adelantará inicio de ciclo escolar. Carton: El Imparcial.

Si fracasan políticas de derechos humanos, lo que sigue es la insurrección: Defensoría

“En el país y en el estado están fracasando las políticas de derechos humanos (y) cuando se agotan todas las vías, lo que sigue es la insurrección”, vaticinó el ombudsman Arturo Peimbert Calvo durante el Tercer Informe de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y es que “la defensa de los derechos humanos ha sido hasta ahora una válvula de escape para la presión social ante el abuso de poder. De agotarse esta vía, de persistir la insistencia de las autoridades para cancelar a la ciudadanía esta opción, rebasadas las instituciones, divorciadas de la sociedad, lo que quedaría es un escenario de confrontación y violencia que nadie desea”. De entrada cuestionó la presencia de las fuerzas armadas federales que llegaron para quedarse en la entidad a petición del gobernador Gabino Cué y que paradójicamente se instalaron en la calle Derechos Humanos, la cual mantienen cercada e instalaron sus letrinas frente a la defensoría. Al referirse a la educación, mencionó que se tiende a olvidar que el hambre está en las aulas, que el fracaso en la política económica, social y agropecuaria en México y en Oaxaca está concatenada a la crisis educativa. Leer el boletín:

Condena Consejo Ciudadano de la Defensoría impunidad que vulnera derechos humanos

Indígenas chiapanecos deciden expulsar a mineras de sus territorios

Campesinos de diversas comunidades y municipios de la región Costa-Soconusco acordaron hoy impedir el asentamiento de más empresas mineras en sus tierras y expulsar a las que operan actualmente. Su presencia, dijeron, sólo ha traído conflictos sociales en sus poblaciones, así como daños a la salud y contaminación ambiental. Ante más de 300 representantes de los municipios de Tapachula, Huhuetan, Mazatán, Suchiapan, Tuxtla, Acacoyagua, Escuintla, Cintalapa y Tonalá, indígenas de Guerrero y Morelos rindieron testimonios de los devastadores efectos provocados por las mineras. En el foro estatal realizado el pasado fin de semana, investigadores y activistas dieron cuenta también del impacto a la salud provocadas por las 99 concesiones mineras otorgadas en Chiapas. Aseguraron que en los municipios de Acacoyagua y Escuintla existen enfermedades en la piel, así como una alza en la contaminación del suelo y el agua por la actividad minera en la región. Leer la declaratoria:

DECLARATORIA DE ACACOYAGUA: Afectados por la Minería y en Defensa del Soconusco, Chiapas

Familiares del normalista Julio César exigen realizar de nuevo todos los peritajes

Familiares de Julio César Mondragón -normalista asesinado el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero- denunciaron que “los trabajos realizados durante las diligencias de levantamiento de cadáver y necropsia de ley fueron parciales y omitieron señalar, estudiar evidencia y datos que se tenían a la vista”. “Los peritos ocultaron información y apresuraron conclusiones, esto atenta contra los principios que rigen la labor de las instituciones que procuran justicia, principios como honestidad y apego a la verdad, profesionalismo, imparcialidad y legalidad. Resultado de esta ineficacia y falta de autonomía es la necesidad de realizar exámenes forenses post mortem, con la conducente revictimización de una familia golpeada por la represión de Estado“, señalaron sobre el trabajo realizado por la Fiscalía del Estado de Guerrero. Leer el boletín:

Comunicado: Hemos solicitado formalmente la exhumación de Julio César Mondragón Fontes. Leer también: Perdidos, videos del 26 de septiembre en Iguala

Periodismo y activismo en México, en peligro mortal

Al cumplirse quince días del asesinato del fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro Rubén Espinosa y de la activista del Movimiento 132, Nadia Vera, así como de otras tres mujeres, estudiantes y activistas sociales salieron a las calles para exigir justicia y una investigación seria para detener a los verdaderos responsables del multihomicidio. En una jornada denominada “Acción Global por la Justicia”, en las ciudades de Xalapa y Coatzacoalcos, Veracruz, los manifestantes exigieron que no se descarte el móvil político, ni tampoco las amenazas de las que fueron objeto Espinosa y Vera en territorio veracruzano antes de exiliarse en el Distrito Federal. Antes de que concluyera el acto de protesta, los integrantes de la organización de Derechos Humanos “Decide” fustigaron que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se aferre a tomar como único móvil del multihomicidio el robo y saqueo, sin tomar en cuenta un posible atentado a la libertad de expresión o a la criminalización de la protesta social. Y con una carta cientos de periodistas, escritores y artistas de todo el mundo exigen al presidente Enrique Peña Nieto “el esclarecimiento inmediato y efectivo de los asesinatos contra Rubén Espinosa y la enorme cantidad de periodistas en México que han caído como él:

Cuarón, Rushdie y cientos más envían carta a EPN: el periodismo en México, en peligro mortal. Ver conferencia de prensa: Periodistas hostigados tras el asesinato de Rubén Espinoza aún reciben medidas de Segob que solicitaron (22 min.) Editorial de La Jornada: El crimen de la Narvarte: repercusiones internacionales. Editorial de The New York Times: The Murder of Mexico’s Free Press, en español: Pide NYT a Peña “pasos concretos” para proteger a periodistas. Leer también: Ataques en Veracruz vuelven más crítico a Greenpeace con México y Mecanismo de protección de la Segob fracasa por impunidad y negligencia: periodistas y ONGs

Ambientalistas asaltan la mina de carbón más contaminante de Europa (video)

Ecoactivistas del grupo EndeGelaende – equivalente a “ya se acabó” -, una coalición de movimientos antinucleares y anticarbón, asaltaron este sábado una mina de lignito en el oeste de Alemania, en protesta contra el uso de carbón. La acción tuvo lugar en la mina en Garzweiler, considerada como la mayor fuente de emisiones de dióxido de carbono en Europa. Los activistas medioambientales lograron romper el cordón policial y asaltaron una mina de lignito. Unos 1.200 oficiales de policía acudieron al lugar del incidente y realizaron varios arrestos. Los oficiales utilizaron gas pimienta, porras y gas lacrimógeno contra los manifestantes y desplazaron a los activistas de la zona de la mina. Un vocero de la empresa de energía RWE dijo que fue necesario detener varias enormes excavadoras a cubo de la mina a cielo abierto por razones de seguridad. En julio Alemania renunció a sus planes de reducir las plantas eléctricas de carbón, pero decidió disminuir la generación de energía de lignito con el fin de cumplir sus objetivos de reducción del uso de carbono para 2020.