En la comunidad de Santa María Zoogochí, Ixtlán, Oaxaca, los días 24 y 25 de abril del año 2016, nos reunimos autoridades municipales y comunales, docentes y estudiantes de los diferentes niveles educativos de las comunidades de San Juan Tepanzacoalco, San Pedro Yaneri, Santa María Zoogochí, Santa Cruz Yagavila, Santiago Teotlasco, San Juan Yagila, Santa María Josaa, San Miguel Tiltepec y La Luz, pertenecientes a la Unión de Comunidades Cafetaleras del Rincón Alto de Ixtlán, así como autoridades de la comunidad de Tanetze de Zaragoza y Capulálpam de Méndez, con la finalidad de participar en el Foro regional “La minería en Oaxaca. Impactos sociales y ambientales”, en el cual analizamos información sobre las repercusiones sociales y ambientales que ha provocado la minería en Oaxaca y otros lugares, a partir de las cuales generamos, los posicionamientos, propuestas y acciones que emitimos en el presente
PRONUNCIAMIENTO:
Nuestras comunidades no fueron informadas en ningún momento por ninguna institución del gobierno federal, que en el año 2010 se otorgaron las concesiones mineras El Roble y el Roble II, que abarcan 21,072 hectáreas, a la Compañía Minera Teocuitla, o Sundance, o First Mining Corporation, mismas que afectan nuestras tierras y territorios.
El gobierno federal, al otorgar de manera clandestina las concesiones antes mencionadas, ha violado nuestro derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado; máxime cuando a la fecha tenemos información de que se han realizado: muestras exploratorias a lo largo de 15 kilómetros, donde se ha encontrado material altamente magnético asociado con una mineralización de oro de alta calidad en venas; así como muestras “reconnaissance” con helicóptero (es decir de reconocimiento, “reconnaissance” es un término utilizado para operaciones militares)
Observamos que es práctica común de las empresas mineras despojar de sus tierras a las comunidades donde pretenden establecer sus proyectos, a partir de su privatización; para lo que cuentan con el apoyo de funcionarios públicos que implementan los programas Procede o Fanar.
Sabemos que las empresas mineras tienen como política, romper el tejido social de las comunidades donde pretenden establecerse o se han establecido, provocando: la confrontación entre familias y miembros de la comunidad, la desaparición de asambleas comunitarias u otros espacios para la toma de decisiones colectivas, la corrupción de autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales, el establecimiento de grupos paramilitares o de otra naturaleza violenta que provocan intimidación entre los habitantes, así como el asesinato de defensores comunitarios.
- : La Minuta
- : 24/04/2016
- : autoridades comunitarias
- : Sierra Norte
- : Santa María Zoogochí,
- : acciones de denuncia publica
- : http://www.educaoaxaca.org/boletines/1935-pronunciamiento-foro-regional-%E2%80%9Cla-miner%C3%ADa-en-oaxaca-impactos-sociales-y-ambientales%E2%80%9D.html