El día 20 de enero, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst se reunió con defensoras y defensores de derechos humanos en Oaxaca. En su reunión, participaron movimientos y organizaciones de las 8 regiones del estado quienes denunciaron un incremento en las agresiones en la última década. Documentamos la intervención de la REDECOM y de EDUCA:
Desde hace aproximadamente una década, los gobiernos federal y estatal anunciaron una serie de proyectos de inversión económica para el estado de Oaxaca, entre ellos se encuentran 67 proyectos de presas hidroeléctricas, 21 parques eólicos, el otorgamiento de 299 concesiones mineras vigentes hasta 2016, 2 gasoductos, construcciones inmobiliarias para turismo, además del anuncio reciente de la implementación de la Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec.
Esta situación ha provocado una serie de agresiones hacia defensoras y defensores del territorio, quienes realizan su trabajo en contextos comunitarios, rurales e indígenas, Dentro de las agresiones más comunes se encuentran: las amenazas, agresiones directas, criminalización y procesos de judicialización y detención arbitrarias. Por citar un ejemplo, durante 2012, se registró una agresión hacia defensoras y defensores comunitarios cada tres días, por lo que Oaxaca actualmente se encuentra entre los primeros lugares en agresiones hacia defensoras y defensores comunitarios-ambientales.
Los principales agresores se encuentran caracterizados por ser caciques locales, presidentes y cuerpos de seguridad municipal, además de grupos de choque contratados presuntamente por las empresas ligadas a determinado proyecto de inversión.
Por su parte el sistema de justicia, ha sido utilizado para generar procesos judiciales contra defensoras y defensores, fabricando delitos y criminalizando la defensa de derechos humanos. Además, dicho sistema resulta tardío, ineficiente e impune en las denuncias presentadas por defensoras y defensores, para ellas y ellos el sistema de justicia no funciona.
En lo que respecta a las medidas de protección garantizadas por el Estado, éstas no responden al contexto de defensa comunitaria, por lo que dichas medidas se limitan a proporcionar guardias de seguridad, números telefónicos de emergencia, cámaras de seguridad y botones de pánico. Sin embargo, no funcionan en contextos rurales, con escasa señal telefónica y distante de las oficinas de seguridad pública.
Pese al avance y reconocimiento de diversas leyes y mecanismos en el país y en el estado de Oaxaca para garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, existe una grave contradicción en los procesos de defensa comunitarios, además del poco interés mostrado por las autoridades estatales y federales en el tema de protección, hemos observado que no existen políticas encaminadas a resolver dichas agresiones. Tal es el caso del gobierno de Alejandro Murat quien en sus diferentes discursos no contempla una agenda de derechos humanos, y por ende en protección hacia personas defensoras.
Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C., Red de Defensoras y Defensores Comunitarios-REDECOM
