Julio 2017 19

Reiteran rechazo a proyectos eólicos y ZEE

5 years ago Zona Económica Especial del Istmo

Pueblos originarios y organizaciones sociales advirtieron que se avizora una oleada de devastación para el Istmo de Tehuantepec  con la operación de más parques eólicos y la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE).

Por lo cual, la asamblea general de San Dionisio del Mar refrendó su rechazo a la operación de empresas extranjeras que pueden llegar a causar daños catastróficos a todo el medio ambiente de la región.

“El trabajo que tenemos  como pescadores y cuya  actividad que nos da la vida y el sustento diario, se pone en riesgo   si permitimos que estas empresas  se instalen   con sus proyectos de energía”, advirtieron.

Nos pronunciamos en contra de la instalación de un proyecto extractivo y disfrazado de recursos del FONDEN en nuestro territorio, sin darnos información, sin preguntarnos si  lo necesitamos y dividiendo nuevamente a nuestro pueblo, lanzaron.

Acusaron a la presidenta municipal Teresita Luis Ojeda de no tomarlos en cuenta para la toma de decisiones.

Dijeron que solicitaron  información veraz y oportuna a las autoridades de gobierno, respecto a la entrada de maquinaria pesada a la población y en respuesta recibieron   acoso, hostigamiento, criminalización y una campaña de difamación de su lucha.

Demandaron el retiro de la maquinaria que  introdujeron en nuestra población en los primeros días del mes julio, además de que se sustente  jurídicamente la presencia de quienes escoltaron dichas maquinarias para poder entrar a la comunidad, sin haber informado, consultado, ni presentado ninguna manifestación de impacto ambiental y social de este proyecto que nos amenaza.

Va Oaxaca por su propio «canal de Panamá»

5 years ago Zona Económica Especial del Istmo

N-A75-ADELANTO_5_PISO_201-232224_Drupal Main Image.var_1500187591 (1)La administración de Alejandro Murat, gobernador de esta entidad, está a punto de cumplir ocho meses y desde ahora anuncia la construcción del nuevo «canal de Panamá» mexicano que conectará al océano Pacífico con el Atlántico, atravesando en tan solo cuatro horas por tierra los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, con el de Coatzacoalcos, en Veracruz.

Murat Hinojosa informa que a pesar de que recibió el estado con las finanzas muy complicadas por el nivel de deuda que le heredó su antecesor, Gabino Cué, adelanta que también alista que, en máximo dos años, quedará concluida la carretera que llevará de la Ciudad de México a Puerto Escondido en máximo seis horas.

Anuncia que se está investigando la administración de Gabino Cué, puesto que habrá cero impunidad, sea quien sea. Describe que, a pesar de la amenaza de los maestros por boicotear la Guelaguetza, que inicia el lunes 17, se llevará a cabo y pide a los integrantes de la Sección 22 dialogar.

 

El Zapotillo: Gobiernos sepultarán tres pueblos, con tal de darle negocios a cuates

5 years ago Nacional

DEJDpQOV0AE5h4zOrganizaciones acusaron que las autoridades pretenden llevar a cabo el proyecto Presa El Zapotillo- Acueducto Zapotillo León bajo la justificación de abastecer de agua potable a la cuidad de León, Guanajuato, al área metropolitana de Guadalajara y a los 14 municipios de los Altos del estado de Jalisco.

De acuerdo con sus denuncias, la presa sepultaría alrededor de 4 mil 500 hectáreas de tierras fértiles y cerca de 600 mil agricultores, ganaderos y productores de los Altos de Jalisco quedarían sin agua para la producción de alimentos, ocasionando impactos drásticos en la economía de la región.

En 2011, la operación y construcción del proyecto fueron adjudicadas a la empresa Abengoa México. Los inconformes señalaron que al inicio se proyectó que la presa mediría 80 metros, con lo que las tres comunidades no serían inundadas, no obstante, después promovieron que la cortina llegara a 105 metros, lo que provocaría “la desaparición de Temacapulín, Acasico y Palmarejo”.

Cabe mencionar que hoy en día, desde 2013, el proyecto se encuentra detenido, gracias a una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Conflictos sociambientales ponen en riesgo proyectos energéticos y mineros

5 years ago Nacional

Screenshot_1-1-615x349En México hay más de 400 conflictos socioambientales (en todos los sectores extractivos), que ponen de manifiesto la conveniencia de tener una lectura exhaustiva de los actores locales, regionales y nacionales involucrados en un proyecto. Dentro de ellos, 54 proyectos energéticos y 100 mineros se encuentran en riesgo, ante esos problemas.

Por esa situación, podrían perderse millones de dólares en inversión productiva, así como miles de empleos para los trabajadores por inconvenientes que van desde la tenencia de la tierra, la contaminación, afectaciones a sitios religiosos o arqueológicos, seguridad o, incluso, una mala comunicación corporativa.

Así lo revela el estudio “Evaluaciones de Impacto Social y Manifiestos de Impacto Ambiental: ¿un requisito más o una herramienta estratégica?” de Jorge Salem Suito y Monserrat Laguna, de Impacto Social Consultores, que destaca que, si bien, los proyectos de infraestructura conducen a un mayor desarrollo económico y social, también generan diversos conflictos sociales y afectaciones ambientales.

De entre los proyectos energéticos en riesgo, se encuentran 16 en Oaxaca, 8 en Puebla, 6 en Veracruz, 2 en Hidalgo, 3 en Baja California, Sur, 2 en Chihuahua, 2 en Jalisco, 1 en Baja California, Chiapas, Coahuila, Sonora y Guerrero.

Mientras que los que se encuentran en una situación similar, pero en proyectos mineros están: 1 en Baja California, 5 en Baja California Sur, 13 en Chihuahua, 4 en Coahuila, 4 en Durango, 12 en Zacatecas, 1 Nayarit, 2 Jalisco, 4 en Colima, 5 en Michoacán, 4 en Guanajuato, 4 en San Luis Potosí, 8 en Puebla, 3 en Veracruz, 7 en Oaxaca y 5 en Chiapas.

Cada día de retraso en una campaña de exploración, argumentan, representa pérdidas de entre 10 y 50 mil dólares diarios. Frecuentemente, el origen del conflicto está en una relación desigual entre los beneficios dispersos de los proyectos extractivos, frente a los costos locales para las comunidades que los hospedan.

Destaca que el ciudadano, que vive cerca de operaciones mineras o de energía, suele enfrentar impactos negativos que, al menos en el corto plazo, superan los beneficios locales del proyecto.

Pero hay mecanismos para elevar los beneficios locales de los proyectos extractivos, tanto como herramientas que permiten mitigar riesgos sociales, reducir la probabilidad de conflicto y mejorar las expectativas de una relación productiva, entre comunidad y empresas.

De hecho, es por eso que, desde organismos internacionales (Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), centros de investigación (Center for Sustainable Development), universidades, los mismos headquarters corporativos y los gobiernos nacionales, promueven o exigen como una buena práctica el uso de las Evaluaciones de Impacto Social (EVIS) y Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que funcionen como herramientas de gestión, subraya.

De ahí que Impacto Social Consultores, propone que, a través de un correcto mapeo de actores y de una caracterización adecuada de la población, pueden tenderse puentes entre los problemas que la comunidad tiene y las soluciones que puede ofrecer un proyecto. Esto permite construir vínculos sólidos entre comunidades y empresas a través de una comunicación eficaz.

 

Jueza otorga amparo histórico que impedirá concesiones mineras en la Montaña de Guerrero

5 years ago Nacional

DEP2BljUwAAsP8KUna jueza de distrito otorgó un amparo “histórico” a la comunidad me’phaa San Miguel del Progreso Juba Wajiín, Guerrero, que garantiza los derechos colectivos de la población ante una declaratoria de la Secretaría de Economía (SE), que en 2015 consideró los terrenos libres para la explotación minera.

En conferencia de prensa, representantes de los pobladores de la zona e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan indicaron que se trata de “una resolución histórica” que no sólo echa atrás la decisión del gobierno federal, “sino que obliga a dejar sin efectos el acto violatorio para garantizar los derechos al territorio y la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, cumpliendo así con los más altos estándares internacionales en la materia”.

El Centro Tlachinollan enfatizó que con esta resolución “el Estado mexicano está obligado a garantizar el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas no impugnando la sentencia. De hacerlo, redundaría en la negación de los derechos de la comunidad indígena-agraria de Juba Wajiín”.

Valerio Amado Solano, presidente del comisariado de bienes comunales de esta comunidad del municipio de Malinaltepec, destacó que la resolución es un triunfo de la organización de los pueblos de la Montaña.

Instalación del Comité de Consulta Indígena

5 years ago Estatal

semadesoCon la participación de los 3 niveles de Gobierno, se instaló el Comité Técnico de la consulta indígena para el municipio de Unión Hidalgo, en la Región del Istmo de Tehuantepec.

El Secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable José Luis Calvo Ziga, comentó que la Empresa Francesa  Energíes Nouvelles por sus siglas EDF instalará el Parque Eólico “Gunna Sicarú” con un compromiso social de beneficio para la comunidad en obras sociales, que beneficiarán a los ciudadanos y a la región.

Estuvieron en la reunión el representante de la Secretaría de Energía Ing. Rodolfo Salazar, el Presidente de Unión Hidalgo, Wilson Sánchez Chévez, los Delegados Federales de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, José Luis Calvo Ziga.

Violación al derecho a la consulta en San Dionisio del Mar, Oaxaca

5 years ago Estatal

e669cb7d-771c-451c-bac7-5ea78035b1c3-300x169Gobierno Federal Violenta flagrantemente el derecho a la consulta previa, libre e informada al iniciar la construcción de un muelle y un dren de 300 metros en la playa Copalita de San Dionisio del Mar

La Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar (AGPSDM) denuncia que el gobierno federal con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) pretende construir en la Playa Copalita de San Dionisio del Mar un muelle de 300 metros y un dren, la constructora irrumpió en la playa retirando a los pescadores coperos y sus instrumentos de trabajo; dicha constructora no se ha identificado, pero está representada por un ingeniero de origen francés, quien el día 17 de junio ante la solicitud de los compañeros se presentó a la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar, y con actitud altanera y prepotente dijo que era un proyecto que se había gestionado hace 20 años ante el FONDEN, y que ahora estaban allí para construirlo, y que si querían información preguntaran al FONDEN y a Pesca.

Frente a estos hechos, se convocó de manera urgente a una asamblea general de los pueblos el día 10 de julio en San Dionisio del Mar, donde se tomó la decisión de no permitir la obra, porque a la comunidad no se le informó, consulto y no hubo acuerdos previos para la autorización de la misma, además que es una obra que no se le identifica utilidad para la misma comunidad, en cambio sí puede ser la entrada de las empresas eólicas en territorio Ikoots.

Denunciamos que el día de hoy 11 de julio de 2017, el gobierno estatal ha enviado 15 patrullas de la policía a nuestra comunidad para proteger a la empresa y amenazar nuestra justa resistencia en defensa de nuestro territorio.

Declaramos que como pueblos y comunidades indígenas Ikoots y binnizá del istmo de Tehuantepec, no permitiremos la instalación de ningún proyecto extractivista más en nuestro territorio, y nos mantenemos en alerta máxima ante las acciones de criminalización y hostigamiento que los diferentes niveles de gobierno y las empresas pretendan imponer a nuestros pueblos y nuestra organización.

 

Minera El Roble invertirá 56 mdd

5 years ago Nacional

DURANTE-1ASe invertirán 56 millones de dólares en la ampliación de la Minera El Roble, ubicada en Velardeña, localidad del municipio de Cuencamé, con lo que se garantiza el desarrollo económico del municipio y el estado.

En la entrega de certificados del Programa Nacional de Auditoría Ambiental a tres empresas de la región y la firma de convenio de colaboración Profepa-Gobierno del Estado de Durango, el mandatario estatal José Rosas Aispuro Torres, el procurador federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez y el director ejecutivo de Grupo Peñoles, Fernando Alanís Ortega, dieron a conocer la nueva inversión minera, monto que se suma a los 200 millones de dólares que se aplicaron en meses recientes.

Para celebrar el Día del Minero, el procurador federal indicó que México es un país que alberga riquezas naturales importantes y Durango está dentro de ello con su vocación forestal, minera y ganadera, por tanto existe el compromiso para el 2030 de contar con cero deforestación, pues de las 108 zonas críticas registradas a nivel nacional, Durango cuenta con tres.

De ahí que se reforzarán rondines de seguridad para erradicar la tala inmoderada, de esta manera al término del sexenio estatal actual se llegue a la meta.

En cuanto a la industria minera, expuso que es posible cumplir y Peñoles será la primera minera que reciba reconocimiento ambiental a nivel nacional de un total de 1,200 minas que existen en el país.

El director ejecutivo de Grupo Peñoles agradeció la oportunidad de ser anfitriones y subrayó su vocación de compromiso por el medio ambiente, lo cual han realizado con el trabajo en conjunto entre gobierno y empresa.

Ismael Guerrero, presidente municipal de Cuencamé, señaló que son muchos los beneficios de la firma y dejará aún más empleos en todo el norte del municipio; si trabajamos los tres órdenes de gobierno, el estado tendrá mayor avance.

Minera El Roble invertirá 56 mdd

5 years ago Nacional

DURANTE-1ASe invertirán 56 millones de dólares en la ampliación de la Minera El Roble, ubicada en Velardeña, localidad del municipio de Cuencamé, con lo que se garantiza el desarrollo económico del municipio y el estado.

En la entrega de certificados del Programa Nacional de Auditoría Ambiental a tres empresas de la región y la firma de convenio de colaboración Profepa-Gobierno del Estado de Durango, el mandatario estatal José Rosas Aispuro Torres, el procurador federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez y el director ejecutivo de Grupo Peñoles, Fernando Alanís Ortega, dieron a conocer la nueva inversión minera, monto que se suma a los 200 millones de dólares que se aplicaron en meses recientes.

Para celebrar el Día del Minero, el procurador federal indicó que México es un país que alberga riquezas naturales importantes y Durango está dentro de ello con su vocación forestal, minera y ganadera, por tanto existe el compromiso para el 2030 de contar con cero deforestación, pues de las 108 zonas críticas registradas a nivel nacional, Durango cuenta con tres.

De ahí que se reforzarán rondines de seguridad para erradicar la tala inmoderada, de esta manera al término del sexenio estatal actual se llegue a la meta.

En cuanto a la industria minera, expuso que es posible cumplir y Peñoles será la primera minera que reciba reconocimiento ambiental a nivel nacional de un total de 1,200 minas que existen en el país.

El director ejecutivo de Grupo Peñoles agradeció la oportunidad de ser anfitriones y subrayó su vocación de compromiso por el medio ambiente, lo cual han realizado con el trabajo en conjunto entre gobierno y empresa.

Ismael Guerrero, presidente municipal de Cuencamé, señaló que son muchos los beneficios de la firma y dejará aún más empleos en todo el norte del municipio; si trabajamos los tres órdenes de gobierno, el estado tendrá mayor avance.

Detienen canadienses inversión en México

5 years ago Nacional
f620x350-557244_588262_20Abren pausa de inversión empresas mineras en México ante los grandes retos que enfrenta el sector en la nación, aseguró el cónsul general de Canadá en Monterrey, Bez Babakhani, quien piensa que la República Mexicana necesita más inversión canadiense en la minería.
En los últimos años, Bez Babakhani no ha visto nuevas inversiones canadienses en la zona de influencia del Consulado de la nación que tiene por símbolo la hoja de maple, y es factible no se concrete alguna en los próximos tiempos.
«Hay empresas que tienen problemas grandes en Chihuahua y otras zonas, también. Hay problemas con el derecho de la tierra, impuestos, precios bajo en el entorno internacional de los metales, pero, todo puede cambiar”, dijo.
También hay problemas con la incertidumbre jurídica en la posesión de la tierra es muy complicado, esto es uno de los retos no hay certeza, y la incertidumbre se tiene de cómo va a ser capaz de trabajar una empresa minera con esa condición.
Otro reto es la percepción de que no se tiene respeto para derechos humanos y medio ambiente, pero no es real y se tiene que trabajar mano a mano con actores como el gobierno federal, estatal y local, para tener un cambio en la concepción de las compañías mineras del Canadá.
En México el 70% de la inversión extranjera en el sector de la minería es de Canadá, esta rama económica ayuda a mejorar la vida de las poblaciones cercanas a las minas en donde no hay tantas oportunidades, zonas rurales con poca infraestructura y posibilidades de desarrollo, expuso el diplomático.

«La devastación del territorio nacional contrasta con férrea lucha de los pueblos»

5 years ago Nacional

a04n1cul-1Desde el gobierno de Felipe Calderón se agravó la depredación de los recursos naturales, existe una devastación del territorio nacional, pero también se ha dado una lucha importante de los pueblos en defensa de sus tierras, afirma el abogado Francisco López Bárcenas, autor del libro El régimen de la propiedad agraria en México: primeros auxilios jurídicos podrá la defensa de la tierra y los recursos naturales.

Esta depredación significa que en México 30 por ciento del país está en manos de las mineras; el agua y los bosques están prácticamente acabados y se presenta también la explotación de los recursos genéticos es decir, la composición química de estos recursos naturales, sobre toda la industria farmacéutica y alimentaria: hace dos años entró en vigor el protocolo de Nagoya que prácticamente permite que las empresas vengan a ver qué plantas tenemos, de qué se alimentan los mexicanos, con qué se curan, y patentarlas.

Existe sí una devastación del territorio nacional, pero también hay una lucha importante de los pueblos; hay muchas resistencias, algunas más integrales que otras, en todas ellas el componente jurídico es importante. Lo que vemos en las resistencias es que los pueblos se organizan, se movilizan, hacen cabildeos, buscan alianzas, pero dentro de todas ellas está el derecho, y el derecho en México por un lado el agrario se ha especializado mucho. En este libro hablo de los tipos de propiedad, como la privada, comunal, ejidal, pero hay uno que no está en la Constitución: la indígena, explica López Bárcenas.

Los juristas en México suponen que no hay propiedad indígena, porque no está en la Constitución ni en la ley agraria. Sin embargo, está en el convenio 169 y se han dictado sentencias reconociendo derechos de territorios indígenas en México.

Además, desde 1992 se permite la renta y venta de tierras y desde la reforma de 2003 agregaron una cosa que se llama ocupación temporal y otra que se llama servidumbre, que desde mi punto de vista son anticonstitucionales.

El problema en la explotación de recursos, muchos a manos de compañías extranjeras, se persiste porque el gobierno mexicano liberalizó mucho las leyes. Ese es el gran problema. No creo que las leyes sean obsoletas ni que el tipo de propiedad que tenemos sea obsoleto. El problema es cómo le volvemos a dar un sentido social, es decir, que si se necesita capital para el campo está bien, pero necesitamos cuidar los recursos y sobre todo encontrar herramientas para que sirva a los mexicanos.

Afortunadamente las asambleas tienen muchísimo poder todavía, por eso me parece importante que se estén informadas: una buena asamblea puede decidir el destino de las tierras.

El libro El régimen de la propiedad agraria en México fue publicado por los centros de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas y el de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, así como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y Servicios para una Educación Alternativa.

  • : Medios de comunicación
  • : 08/07/2017
  • : Juristas
  • : Centros de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígena; Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario; Servicios para una Educación Alternativa
  • : Acciones de comunicación
  • : http://www.jornada.unam.mx/2017/07/08/cultura/a04n1cul

Rechazan obra de Conapesca en playa Copalito, alertan posible obra eólica

5 years ago Estatal

sandionisiodelmarIntegrantes de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar se oponen a los  trabajos  de drenado en la playa copalito de esta localidad que ha comenzado a realizar  la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) a través de su  responsable de obra de origen francés, en la cual aseguran que podría ser el arranque de obra del parque eólico Santa Teresa.

Denunciaron que con el aval de la alcaldesa Teresita de Jesús Luis Ojeda y el acompañamiento de la policía municipal, la maquinaria pesada que es una draga de más de 40 metros y dos excavadoras grandes con oruga y plataforma ingresaron a la localidad el pasado domingo y lunes y desde el miércoles han comenzado a realizar los trabajos en la playa sin que hubiera información a la comunidad al respecto.

El vocero de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, Isaúl Celaya López  dijo que el responsable de la obra quién no proporcionó su nombre y solo su origen que es Francés les informó sin precisar y de forma confusa que el proyecto en Playa Copalito consiste en la construcción un muelle de 300 metros y un canal como parte de un proyecto antiguo que data hace más de diez años de Conapesca y que con la tormenta tropical Beatriz se reactivó con apoyo del Fondo Nacional de Desastres.

Celaya López dijo que los integrantes de la asamblea y gran parte del pueblo que se han opuesto a los proyectos eólicos consideran que es mentira que se trate de una obra para beneficiar a los pescadores, sino más bien es parte de los trabajos del parque eólico “Barra Santa Teresa” sobre el océano pacífico debido a que según los datos que tienen contempla un muelle  que servirá como conexión entre la barra Santa Teresa y playa copalito.

Los integrantes de la Asamblea de pueblos exigieron a las autoridades más información sobre la obra, quién la había solicitado, el monto y el estudio de impacto ambiental, sin embargo los encargados le respondieron que no había tiempo para el estudio de impacto ambiental porque tenían un mes para realizarla, y que la autoridad ya estaba enterada.

Finalmente tanto la ONG como los asambleístas y pescadores libres  exigieron el  retiro de  la maquinaria del lugar, toda vez que no han dado su consentimiento para la realización de los trabajos y se corre el riesgo de confrontación ante lo que la comunidad considera un proyecto disfrazado y una provocación.

Por su parte la Alcaldesa de San Dionisio del Mar, Teresita de Jesús Luis Ojeda  informó que no fue notificada de la llegada de la maquinaria y desconocía la obra a realizarse.

SCJN atrae demanda contra Grupo México por contaminar ríos en Sonora

5 years ago Nacional

RIO-okLa Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción en la demanda en contra de Grupo México y la mina Buenavista del Cobre por haber ocasionado un severo daño al medio ambiente y a los ecosistemas de las aguas y tierras del Estado de Sonora, concretamente las ubicadas alrededor de los Ríos Sonora y Bacanuchi.

De acuerdo con la información difundida a través de un comunicado, la solicitud, presentada por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, deriva de la promoción por la asociación civil Defensa Colectiva de una acción colectiva difusa en contra de la minera, pues presuntamente el vertimiento de sustancias tóxicas, particularmente sulfato de cobre acidulado, ha afectado gravemente no sólo a las localidades y poblaciones sonorenses, sino a todos los mexicanos.

“En la secuela procesal, el Juez de Distrito desechó la acción y el Tribunal Unitario confirmó el desechamiento en apelación. Ambas partes promovieron juicio de amparo directo, los que fueron atraídos por la Primera Sala para su conocimiento”, continúa el comunicado.

La Primera Sala consideró que el caso toma enorme importancia y trascendencia ya que permitirá establecer la debida interpretación de los requisitos de procedencia de las acciones colectivas en materia ambiental y la capacidad de apreciación de los mismos de parte del Juez de Distrito en la etapa de certificación.

En este sentido, tomando en cuenta la regulación novedosa de estos procesos de incidencia colectiva en el derecho mexicano, los ministros reconocieron la necesidad de definir criterios que permitan su operatividad.

En agosto del 2014, un tanque de almacenamiento de residuos químicos de la Mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en Cananea, Sonora, derramó parte de su contenido y escurrió en aguas del río Bacanuchi y el río Sonora.

Aproximadamente 40 mil metros cúbicos de solución de ácido sulfúrico fueron derramados desde la mina. Debido al derrame, el río Sonora adquirió un color anaranjado sorprendiendo a los pobladores de Banámichi, donde se cortó el suministro de agua ante el peligro de contaminación por tóxicos.

Anuncian inversión de 500 mdp en Salina Cruz, Oaxaca

5 years ago Zona Económica Especial del Istmo

image_12_16El gobierno del estado anunció una inversión de 500 millones de pesos, a fin de construir un agroparque en el municipio de Salina Cruz, como parte de la estrategia de la Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec, anunció el secretario de Economía Jesús Rodríguez Socorro.

Dijo que esto significa que la Zona Económica Especial tendrá una vocación productiva agroindustrial.

Añadió que el proyecto contempla crear centros de acopio y transformación de alimentos, para que puedan tener un valor agregado y que se pueda no tener la merma económica que representa no llevar los mismos al mercado interno o nacional.

Manifestó que por eso con el apoyo de los agroindustriales se van a generar ocho centros de acopio y transformación en todo el estado.

La idea es establecer un polo de desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, que sea incluyente; participen más de 15 municipios de la zona y se beneficie a más de 320 mil habitantes. Se está analizando atender la infraestructura, la carencia de servicios y equipamiento de los municipios, y por otra parte, generar proyectos para la generación de empleos.

Muchos inversionistas están interesados, pero lo importante es definir cuál va a ser la estrategia de inclusión social, donde la propuesta es que las industrias tengan que ver con la actividad productiva oaxaqueña y la principal será la agroindustria.

Denuncian a Mineras por contaminar Valles Centrales

5 years ago San José

minbaEl día 30 de junio de 2017 autoridades pertenecientes a los distritos de Ocotlán y Ejutla reunidos en la comunidad de San Martin de los Cansecos platicamos sobre las constantes agresiones que hemos tenido en nuestras  tierras por parte de las empresas mineras Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines.

Este día hicimos un recorrido en los límites del ejido de San Martín de los Cansecos con San José del Progreso observando que “particulares” han arrojado escombros y restos de los trabajos de exploración realizados por Cuztatlán-FSM en nuestros límites ejidales, constatamos que la empresa minera ha invadido parte del ejido de San Martín de los Cansecos, abriendo brechas y realizando diversas excavaciones sin la autorización de la comunidad, violentando los acuerdos de asamblea donde prohibimos cualquier trabajo de exploración o explotación minera, los cuales han sido registrados ante el Registro Agrario Nacional.

Hemos podido constatar que en las últimas semanas han salido grandes cantidades de humo negro contaminante en las instalaciones de la minera Fortuna Silver Mines que se encuentra operando en la comunidad de San José del Progreso; ante los sucesos ejidatarios dieron parte a la SEMARNAT quien no ha informado sobre lo sucedido.

De acuerdo a testimonios de ciudadanas y ciudadanos de San José del Progreso, con las últimas lluvias, la presa de jales ha estado en su máxima capacidad, siendo una amenaza grave para nuestras comunidades, para el agua y los campos de cultivos de la región. Las comunidades estamos preocupadas de que se desborde con las próximas lluvias, y que las autoridades correspondientes no estén haciendo ninguna acción para mitigar el riesgo.

Reiteramos que seguiremos organizándonos para la defensa de nuestros bienes comunes en la región. Nuestros territorios no están en venta.

Autoridad garantiza viabilidad de Zonas Económicas Especiales

5 years ago Zona Económica Especial del Istmo

Image result for Gerardo Gutiérrez Candiani istmoLa viabilidad de las Zonas Económicas Especiales (ZEEs) está garantizada en largo plazo, sin importar el partido político que llegue a la presidencia de la República en 2018, afirmó el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEEs, Gerardo Gutiérrez Candiani.

Durante la firma de un convenio entre la Autoridad Federal de las Zonas Económicas Federales y la Asociación de Bancos de México (ABM), afirmó que esa garantía está basada en una Ley de Zonas Económicas a nivel nacional, avalada por el Congreso de la Unión, además de leyes estatales y municipales, cartas de intención de diferentes participantes.

Añadió que habrá convenios de coordinación entre los tres niveles de gobierno, además un Decreto que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se concesionará a los administradores integrales, con una visión de largo plazo, a 40 años. «La viabilidad en el largo plazo está garantizada».

Todo lo anterior «da un marco de certidumbre jurídica en el largo plazo y lo más importante es que la inversión privada está asegurada a través de la Constitución», subrayó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez Gavica, aseguró el interés de la banca por participar en estas ZEEs, que se ubicarán en regiones con alto nivel de rezago y que son excluidas de los servicios financieros, porque representan una oportunidad.

«Si sale esto bien habrá un crecimiento en lo económico pero también en lo cultural» porque habrá mayor educación financiera y mayor formalidad, añadió el también presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Santander.

Por medio de este acuerdo se crea un marco de referencia entre los integrantes de la Asociación de Bancos de México y el gobierno federal para trabajar de manera coordinada para ayudar a impulsar acciones que ayuden a la implementación y desarrollo de las ZEEs.

Campaña Oaxaqueña de Defensores y Defensoras Comunitarias: Ejerciendo nuestros derechos, tejemos dignidad

5 years ago Estatal

La campaña estatal impulsada desde la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca y la organización Servicios para una Educación Alternativa A.C busca dar a conocer lo que implica ser un defensor o defensora comunitaria, así como el trabajo que distintos defensores y defensoras comunitarias realizan en sus comunidades de origen. Al mismo tiempo se pretende posicionar ante instancias de Derechos Humanos y ciudadanía en general, el trabajo que se realiza desde las diferentes regiones para la defensa de los derechos humanos, la vida y el territorio.

La campaña comprende varias acciones por distintos canales de comunicación, por la radio estarán difundiéndose cápsulas radiofónicas donde se aborda ¿qué implica ser un defensor o defensora?; ¿cómo se defienden?; ¿por qué se es defensor o defensora?

En distintas plataformas en redes sociales se difundirán carteles, infografías y artículos sobre historias de vida de las personas defensoras en el nuevo escenario oaxaqueño. Con la campaña que inicia el 3 de julio del presente año, se persigue el fortalecimiento de la identidad del quehacer de los defensores y defensoras comunitarias, así como la exigencia al Estado para que salvaguarde y respete los derechos de las personas defensoras de derechos humanos.

A 3 años del derrame, siguen monitoreando agua en el Río Sonora

5 years ago Nacional

1A-FOTO-BUENA-603x400A casi un mes de que se cumplan tres años del derrame de tóxicos en el río Sonora, Wenceslao Cota Montoya aseguró que siguen los monitoreos del agua en esa región.

El delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró que desde 2014 se está atendiendo la contingencia que se presentó en esa zona, pero debido a que hay diversas opiniones, tanto de autoridades como activistas, se ha puesto en duda la situación.

Como parte del Fideicomiso Río Sonora de alrededor de 2 mil millones de pesos, indicó que se han brindado apoyos en materia agropecuaria, para domicilios, suministro de agua potable, así como análisis periódicos en las aguas del sector.

Además dijo que, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) libero diversos pozos que consideró aptos para consumo potable favoreciendo a la población.

El delegado señaló que desde el derrame de la mina Buenavista, de Grupo México, de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de cobre en los cauces del río Sonora y el Río Bacanuchi no se ha incrementado o progresado las afectaciones en la salud de los habitantes de esas localidades.

Resaltó que el número de pacientes se ha mantenido en 381, las cuales originalmente presentaron síntomas en el periodo crítico de la contingencia, y las principales enfermedades siguen siendo dermatitis, así como problemas de ojos irritados debido al contacto directo con el agua.

En la entrevista añadió que los compromisos de Grupo México continúan vigentes, ya que está pendiente la instalación de nueve plantas potabilizadoras en los diferentes municipios afectados, además de la construcción de la UVEA que también servirá como un espacio comunitario para los pacientes.

Gobierno y mineras: un negocio impune

5 years ago San José

mina-de-san-josc3a9-del-pro.jpg_594723958De acuerdo al Anuario 2016 de las actividades extractivas en México publicado por Fundar, más de la mitad de los 22 municipios dedicados a la producción de oro sufre una tasa de pobreza extrema mayor al promedio nacional; mientras que un 76% de ellos supera el promedio de población en situación de pobreza.

Beatriz Olivera agregó que la minería es una de las actividades más contaminantes y generadoras de conflictos en el país y que generó solo un 0.32% de los ingresos nacionales de 2016.

Aunado a este desequilibrio, el sector minero comete muchas infracciones que son ignoradas por la Secretaría de Economía (SE), encargada de sancionar a los que evaden impuestos, inspeccionar obras y llevar un registro de los consorcios mineros.

El sector minero cuenta con el privilegio de ser considerado estratégico para la economía nacional, por lo que tiene prioridad sobre las otras actividades, así como una legislación que los protege en caso de conflicto social.

Una superficie de 21 millones de hectáreas es cubierta por las 25 mil 178 concesiones mineras del país, de las cuales mil 609 se encuentran en Áreas Naturales Protegidas (ANP).

A su vez, las empresas mineras cuentan con mil 36 títulos de aprovechamiento del agua, equivalente a 436 millones de metros cúbicos anual del vital líquido, otorgados por el gobierno mexicano. Poco más de la mitad es extraída de los estados de Sonora, Zacatecas y Michoacán.

Por si fuera poco, durante el mes de mayo un grupo de diputados priistas presentó una reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que permitirá a las empresas mineras deducir de sus impuestos 100% de los costos de exploración de yacimientos.

Con la finalidad de compensar los daños que causa la actividad minera en los estados donde se realiza y sacar mayor provecho de la industria, el gobierno mexicano instauró tres nuevos tipos de derechos mineros que las empresas tendrían que pagar a partir de 2015.

El primero es el derecho «especial», que cobra el 7.5% de los ingresos sobre las ventas derivadas de la minería. El segundo es el «extraordinario», que establece un cobro adicional de 0.5% sobre la venta de oro, plata y platino. Finalmente, el derecho «adicional» exige una recaudación para los concesionarios que no realizaron obras.

En 2015 solo 227 empresas de 2 mil 884 pagaron derechos mineros. Ciento cuarenta pagaron el especial; 80, el extraordinario y siete, el adicional.

Una de las empresas sospechosas de evasión es la Compañía Minera Cuzcatlán, filial del grupo canadiense Fortuna Silver Mines, ubicada en el municipio oaxaqueño de San José del Progreso desde 2011 y hasta el 2050.

Su productividad es muy grande. El año 2015 extrajo una tonelada de oro y 138 toneladas de plata. Aún así, a solo 2 kilómetros de los 6 mil 600 habitantes viven de manera precaria, pues cuatro de cada 10 padecen pobreza extrema y nueve de cada 10 son pobres.

La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, asevera que los únicos beneficiados han sido los miembros de los tres gobiernos municipales que ha habido en los últimos años.

Lo que queda claro es que cuatro personas han sido asesinadas en relación al proyecto minero desde 2011. Las víctimas fueron dos opositores y dos promotores, quienes murieron en un atentando. La coordinadora señala que también recibió amenazas debido a su oposición al proyecto.

Datos publicados por fundar indican que al menos 35 conflictos socioambientales en el país son a causa de la industria minera. Además, en 2016, 10 de las 63 agresiones contra activistas fueron relacionadas a la oposición minera.