La Cámara de Diputados aprobó el pasado 20 de abril la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. La ley debe ser aprobada por el Senado hasta el 30 de agosto de 2021, de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta. Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos. “Es un tema que lleva años siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos”. A estos sectores les interesa crear mecanismos que den seguridad jurídica a sus megaproyectos, tal y como lo afirmo el ministro en retiro José Ramón Cossío en 2020. “El capitalismo anda cada vez más enfocado en el modelo extractivo y le urge un mecanismo para seguir validando el despojo”, argumenta. Para la antropóloga y abogada Elisa Cruz Rueda, el peligro de una ley específica para la consulta “es que la historia de este país nos muestra que (…) el afán de la regulación siempre ha dado por resultado que los derechos se recorten, es decir, que el alcance sea limitado”, explica. “Lo que estamos viendo es que esta ley pretende responder a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que no hay condiciones”, sostiene la investigadora, refiriéndose a las desiguales históricas y estructurales de la sociedad mexicana.
Leer todo el reportaje de Renata Bessi: Lo qué está en juego con la reglamentación de la Consulta Indígena en México. Más información: Urge Ley de Consulta Indígena a nivel federal por megaproyectos en gobierno de AMLO: Cossío. Foto: ‘Paso histórico’, aprobación de Ley de Consulta de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas: Adelfo Regino
