La 4T usa la consulta para controlar el territorio indígena: Tequio Jurídico

El derecho a la consulta indígena producto de la resistencia, se está convirtiendo en bandera del actual gobierno para justificar su acercamiento con los pueblos, acompañado del uso folclórico de símbolos, espacios y prácticas ancestrales. Así lo plantea la Asociación Civil Tequio Jurídico en su artículo, “La consulta indígena: un derecho humano o una herramienta del estado para controlar a los pueblos indígenas”, que sostiene que la propuesta de reforma constitucional y legal en materia indígena que promueve el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) se trata de una simulación más. Aprobarse una reforma en esos términos, excluyendo los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y la autonomía, “significaría fortalecer el estado de derecho para seguir atacando el territorio de las comunidades y los pueblos indígenas, no para protegerlos”. Además, convertiría al INPI “en parte de la ingeniería de los conflictos, al hacer uso perverso del derecho, tal como ha ocurrido en las diversas ‘consultas’ realizadas, ajenas a los estándares internacionales que establece el Convenio 169 de la OIT”, sostiene la A.C. En ese sentido, es sumamente necesario atender la confrontación legal que existe entre el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y el artículo 27 de la constitución mexicana. Mientras que el primero reconoce el derecho de las comunidades indígenas a la tierra y al territorio, incluidos el suelo y subsuelo, la constitución considera a estos últimos como propiedad de la Nación. ¿Respetará la cuarta transformación los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, o protegerá los intereses de la élite empresarial y de las empresas extractivas?