Los familiares de víctimas de la Guerra Sucia consideran insuficiente el reconocimiento del Ejército de que las operaciones fueron “completamente ilegales”, argumentando que este acto no constituye una reparación ni una disculpa por parte del Estado.
Esto en respuesta a la revelación histórica proviene de un documento oficial inédito de la Fiscalía Militar, destapado en una investigación periodística de la organización Fábrica de Periodismo. El documento de la Fiscalía Militar consta de 118 páginas insertadas en un expediente de 32 carpetas referentes a la investigación de los “vuelos de la muerte”.
El pliego de consignación presentado por la Fiscalía Militar en 2000 para acusar a los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro señala de manera explícita que la Brigada Blanca, grupo paramilitar integrado en esencia por elementos del Ejército a cargo de exterminar a organizaciones guerrilleras y disidentes políticos, llevaron a cabo “detenciones, interrogatorios, cateos y reclusiones ilegales”,
Se reconoce explícitamente el uso de instalaciones militares oficiales, tales como el Campo Militar 1 y la Base Aérea de Pie de la Cuesta (en Guerrero), para llevar a cabo detenciones injustificadas, interrogatorios bajo tortura y reclusiones ilegales. En las más de 15 mil hojas del expediente se encuentran múltiples pruebas de quiénes, cómo, cuándo, por órdenes de quién y por qué se ejecutaron los cientos de asesinatos y desapariciones.
Organizaciones de derechos humanos y los familiares señalan que la confesión es limitada porque el Ministerio Público Militar atribuye la responsabilidad únicamente a tres militares, los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Acosta Chaparro, y el mayor Francisco Javier Barquín Alonso, eximiendo a la institución y a las cadenas de mando superiores.
El presidente y abogado del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, consideró “insuficiente” el reconocimiento histórico del Ejército mexicano sobre la ilegalidad de la Guerra Sucia. Afirmó que el reconocimiento de la Sedena sobre las tácticas fuera de la ley deja fuera la responsabilidad directa de exmandatarios federales y exsecretarios de la Defensa.
Recordó que la negativa de Sedena a entregar información completa y abrir archivos obstaculiza el acceso pleno a la verdad y la localización de los desaparecidos. “Por eso los colectivos continuamos con la lucha, tanto social como jurídica, para llegar a la verdad de los hechos y así continuarémos, porque esta generación de los hijos e hijas de desaparecidos de la guerra sucia no queremos morir sin que se sepa la verdad de los hechos”, señalo Serrano en entrevista con El Sur.
Cabe recordar que en 1968, Mario Arturo Acosta Chaparro participó activamente en la represión del movimiento estudiantil como integrante del Batallón Olimpia, una unidad militar creada para suprimir las protestas. Tras décadas de participación en los crímenes arriba mencionados, en el sexenio de Fox fue enjuiciado por un Consejo de Guerra y sentenciado a 30 años de prisión por el delito de narcotráfico. Tras solo seis años de prisión fue exonerado de los graves cargos y enseguida sirvió a Felipe Calderón para pactar con los cárteles de narcotráfico.
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