El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes 13 de julio de 2026 el lanzamiento de una campaña diplomática para “desmantelar” la Corte Penal Internacional (CPI), estamento central del sistema de justicia mundial, y presionar a los aliados de Washington para que abandonen el organismo, al que acusa de inmiscuirse en asuntos estadounidenses.
“La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos”, afirmó Rubio. También acusó a la entidad de librar “una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional”.
Ante estas declaraciones y a un año de que el gobierno de Trump impusiera sanciones a nueve miembros de la Corte, entre ellos jueces, el fiscal y fiscales adjuntos, en relación con los esfuerzos por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses en Afganistán y por Israel en Gaza, el secretario General Stéphane Dujarric, reafirmó el papel fundamental de la Corte Penal Internacional en la lucha para acabar con la impunidad de los delitos graves a nivel global.
“Aunque la Corte es una organización independiente de la Secretaría y de la ONU, para nosotros sigue siendo un elemento fundamental del sistema de justicia internacional. Cuenta con el apoyo de un gran número de Estados miembros y contribuye a que se rindan cuentas por los delitos graves”, subrayó el portavoz.
Regida por el Estatuto de Roma, la Corte tiene el mandato de juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Sin embargo, el diplomático de ascendencia cubana dijo que Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma, que creó la CPI.
La nueva campaña del Departamento de Estado plantea prohibir la entrada a Estados Unidos al personal de la CPI y aumentar las sanciones contra sus miembros y las organizaciones afiliadas. También incluye intensificar la presión sobre los aliados de Washington, especialmente aquellos que “disfrutan de los beneficios del paraguas de seguridad de Estados Unidos”, para que rechacen abiertamente las iniciativas de la CPI.
“Desde el inicio de su segundo mandato, Donald Trump ha declarado un veto al derecho internacional a través del desprecio y la desobediencia pero lo que viene parece ser peor, es la estocada final contra ese “derecho blando” que ya tenía retos para hacerse cumplir. Si se pensara desde el jurista garantista Luigi Ferrajoli ¿qué es el derecho internacional sino la garantía institucional frente al poder que no reconoce límite? El garantismo entendió que sin un tercero que juzgue, la soberanía se vuelve coartada, y el más fuerte escribe a la vez la ley y la sentencia. La CPI es ese tercero imperfecto, esa promesa que, como escribió Raed Jarrar, de Dawn, surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Lo que Rubio desmantela ladrillo a ladrillo no es un edificio en La Haya sino el orden basado en reglas, ese territorio donde alguna vez creímos que el poder pastaba vigilado” escribe hoy en su columna de opinión Frida Gómez.
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