En Oaxaca siete de cada 10 personas indígenas privadas de la libertad no tienen acceso a un intérprete, lo que obstaculiza la comunicación y por lo tanto el acceso a la justicia, muchas veces incluso impide que las personas conozcan cuestiones básicas como los motivos de su detención, el estatus de su expediente judicial o sus derechos.
En un reportaje publicado en Animal Político, se señala que en una visita de un grupo de abogados al reclusorio de Tanivet en Oaxaca, descubrieron que, por ejemplo, una mujer de 87 años de edad, hablante de mixe, no se acercaba a ellos porque no hablaba español. Como muchas otras personas indígenas, continuaba en prisión preventiva sin haber sido sentenciada, ante la dilación de su proceso por no haber contado con un intérprete.
Ante esta situación la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales de Oaxaca se encargó de hallar uno, pero no quiso cubrir la audiencia porque el tribunal le adeudaba más de 10 audiencias. Ese episodio desveló también un problema estructural: no existía una institución responsable de la política de interpretación, y que no había presupuestos para ese servicio esencial.
En entrevista con el medio, Eduardo Martínez Gutiérrez, originario de Santiago Matatlán, Oaxaca, hablante de zapoteco y quien actualmente dirige los esfuerzos de la Red, dijo “Hemos detectado que las personas que están privadas de la libertad en el área de justicia sufren una vulneración terrible por dos barreras particulares: la lengua y la desventaja económica. Una persona que está privada de la libertad por el mismo delito, con los mismos años de pena pecuniaria y pena privativa de la libertad, comparada con una persona de la urbanidad, siendo el mismo caso, refleja una diferencia y una discriminación sistemática”. 
En 2019 la Red ingresó al Centro Penitenciario de Miahuatlán Oaxaca, donde se calcula que hay cerca de un 35% de población indígena, en su visita documentaron que hay varios casos donde otras personas privadas de su libertad suelen fungir como sus interpretes, dada la discriminación al interior de los reclusorios.
La red a documentando diversos casos de obstáculos de justiçia para las personas indigenas, las cuales serán recabas en un libro que se llamará Diario del intérprete, on el objetivo de que las personas conozcan la parte humana de esa figura desde una perspectiva distinta, que contribuya a su dignificación. Con ese fin también lanzaron la campaña “Sin intérpretes no hay justicia: ayúdanos a que la lengua no sea una barrera para vivir”, a la que cualquiera puede aportar.
“Nosotros nos vamos formando como intérpretes, para que justamente el sistema de justicia garantice el derecho humano a la interpretación en las lenguas maternas, indígenas, por parte de los juzgadores. En este caso, dirección de servicios periciales nos contrata para que brindemos este servicio a las personas privadas de su libertad, y a partir del trabajo de la red hemos logrado extendernos hasta el extranjero, como Estados Unidos, donde brindamos interpretación a quienes están privados de la libertad”, apunta Andy Uriel Ramos Fabián, intérprete del zapoteco.
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