Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, las redes sociales eran para él un territorio de libertad. Sin embargo, desde el inicio de la Cuarta Transformación, el oficialismo ha presentado en el Congreso al menos 17 iniciativas para regular distintos aspectos del ecosistema digital en México.
La ruta comenzó con propuestas para crear registros de usuarios y recopilar datos biométricos, y llegó hasta planteamientos para verificar edades, suspender cuentas, retirar contenidos y bloquear plataformas.
En paralelo, tribunales y congresos estatales sancionaron a ciudadanos y periodistas por publicaciones en redes. Ahora, Claudia Sheinbaum prepara un decreto, que presentará el jueves, para obligar a las empresas digitales a actuar contra publicaciones que inciten a la violencia.
El 1 de diciembre de 2018, ante una multitud reunida en el Zócalo de la Ciudad de México, López Obrador prometió entre copal y ritos prehispánicos, que respetaría la libertad de expresión. Entre sus 100 compromisos dejó uno particularmente categórico: “Nunca el gobierno aplicará censura a ningún periodista o medio de comunicación”. “Prohibido prohibir”, repetiría después.
Durante los primeros meses de su gobierno, López Obrador hablaba de internet como el espacio que había permitido a su movimiento romper los antiguos cercos informativos. El 6 de mayo de 2019 les puso un calificativo que se convertiría en una de sus frases más conocidas: las llamó “benditas redes sociales”. Incluso, reconocía que había bots y manipulación, pero insistía en que, por encima de ello, ahí había libertad.
Ocho años después, el discurso es distinto. El gobierno de Claudia Sheinbaum prepara un decreto para establecer obligaciones a las plataformas digitales sobre determinados contenidos. La Presidenta lo resumió recientemente en una frase: “Tiene que haber límites en las plataformas”. Entre aquellas “benditas redes sociales” y los límites planteados ahora por Sheinbaum se extiende una historia de desencuentros con Facebook, Twitter (ahora X) y otras empresas tecnológicas, pero también una sucesión de iniciativas legislativas que buscan intervenir sobre diferentes piezas del mundo digital.
Una revisión del Sistema de Información Legislativa (SIL) realizada para este reportaje encontró al menos 17 iniciativas promovidas desde el entorno de la 4T —Morena, PT, PVEM y el Ejecutivo— relacionadas directamente con la regulación de usuarios, plataformas, contenidos, identidad digital, datos biométricos, moderación, acceso de menores, algoritmos, derecho de réplica o suspensión y bloqueo.
No todas prosperaron. Algunas permanecen pendientes y otras fueron retiradas o modificadas. Varias se presentaron con objetivos específicos, como combatir delitos, proteger a menores o evitar la violencia digital. Organizaciones como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han advertido que, por su redacción, algunas podrían dejar abierta la puerta a la censura discrecional.
López Obrador entendió muy pronto el poder de las plataformas digitales. Sus conferencias matutinas produjeron durante seis años un flujo continuo de declaraciones, polémicas y respuestas que después se multiplicaban en Facebook, YouTube, Twitter y otras plataformas. La Presidencia podía colocar un tema en la conversación desde temprano y mantenerlo vivo durante buena parte del día. Leer el reportaje completo en el primer enlace.
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