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presajalesFSMpqEn días pasados, se hizo pública la noticia sobre la contaminación ambiental producida por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi y la suspensión del suministro de agua a miles de personas del estado de Sonora. Este hecho fue catalogado por las autoridades ambientales mexicanas como el peor desastre ambiental de la industria minera en el país, en contrasentido, las mismas autoridades declararon que no se puede frenar la actividad económica, por lo que el proyecto no será clausurado.

En el estado de Oaxaca se vive una preocupación similar ya que no existe información por parte de las autoridades estatales y federales sobre los impactos producidos por esta actividad económica, y no es para menos, en el estado se han otorgado hasta julio de 2014, trescientos treinta y tres títulos de concesiones mineras, encabezados por 40 proyectos mineros.

En los Valles Centrales de Oaxaca, tan solo en el municipio de San José del Progreso, las comunidades de El Cuajilote y Maguey Largo han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de agua a raíz de la llegada de la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines y su proyecto “San José”, contaminación de algunas fuentes de agua, así como la pretensión de construir una represa en la Agencia Municipal de Maguey Largo, que según información de las autoridades municipales servirá para el abastecimiento de agua para uso agrícola. Las y los ciudadanos de Maguey Largo tienen diversas dudas respecto a dicha obra, ya que la opacidad ha sido una característica importante en las políticas implementadas por la empresa minera y las autoridades municipales, estatales y federales.

Cabe mencionar que la problemática del agua ha generado una serie de conflictos y enfrentamientos en dicho municipio, el último de ellos ocurrió el día 18 de enero de 2012, cuando ciudadanos/as organizados en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), protestaban y exigían la cancelación de obras realizadas por el ayuntamiento municipal, las cuales, según la CPUVO servirían para conducir el agua de un pozo que abastece de agua al municipio para el beneficio de la empresa minera. En este enfrentamiento fue herido de muerte Bernardo Méndez Vásquez por policías municipales y grupos armados.

Estos hechos evidencian una violación sistemática a los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y rurales, donde el discurso del crecimiento económico y la generación de empleos queda vacío ante la negligencia, opacidad y omisión de las autoridades de promover y proteger los derechos de dichos pueblos en Oaxaca y en todo el territorio nacional.

EDUCA expresa su preocupación ante estos hechos, ya que la problemática ocurrida en el estado de Sonora, evidencia los beneficios legales, económicos y políticos con las que gozan dichas empresas, mismas que amparan violaciones sistemáticas a los derechos colectivos en todo el territorio nacional.

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DENUNCIA OAXACA-01