La reforma al Código Penal Federal (CPF) y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), aprobada el 23 de septiembre por comisiones del Senado, genera preocupación por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión, particularmente en actividades periodísticas, artísticas, satíricas, críticas e informativas que utilizan elementos de la identidad gráfica gubernamental.
De acuerdo con Artículo 19, el dictamen propone crear un nuevo delito para proteger la identidad gráfica institucional del Estado mexicano frente a su utilización no autorizada a escala comercial, cuando tenga como finalidad inducir a error o engaño a la población, particularmente mediante medios electrónicos y digitales. La organización sostiene que la redacción no diferencia con suficiente claridad entre las conductas que pretende sancionar y expresiones legítimas protegidas por la libertad de expresión.
El artículo 403 Bis propuesto para la LFPPI establece una pena de uno a cinco años de prisión y multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, elementos de identidad gráfica institucional con la finalidad señalada. Artículo 19 advierte que conceptos como “intención de cometer un ilícito” pueden generar interpretaciones amplias y plantea que la legislación debe distinguir entre hacer pasar una comunicación como oficial y emplear elementos gubernamentales con fines de crítica, sátira, periodismo o expresión política.
La organización también cuestiona disposiciones relacionadas con la denominada “escala comercial”, debido a que el concepto incluiría actos que provoquen un impacto perjudicial significativo en la posición de mercado de una persona titular de derechos, aun cuando no exista una finalidad de obtener ganancias.
Otro punto señalado es el artículo 429 del CPF, que establece que los delitos previstos en el título se considerarían cometidos dolosamente y, salvo excepciones, serían perseguidos de oficio. Artículo 19 considera que esta redacción podría generar problemas respecto de la presunción de inocencia y la carga de la prueba.
La organización pidió al Congreso de la Unión no aprobar la reforma en sus términos actuales y llamó a incorporar salvaguardas que permitan proteger la propiedad intelectual y la identidad institucional sin afectar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
La iniciativa forma parte de un proceso legislativo que ha generado posiciones encontradas. Por ejemplo, el senador Ricardo Anaya también cuestionó públicamente el artículo 403 Bis y pidió incorporar excepciones expresas para periodistas y parodias.
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