Por tercera ocasión en una semana, las oficinas del Centro de Derechos Humanos (CDH) Fray Matías de Córdova, que defiende las garantías fundamentales de las personas migrantes y solicitantes de refugio en Chiapas, fueron allanadas, denunció el viernes pasado la Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT).
En un documento de análisis, las organizaciones de la Región Sureste de la Red TDT denunciaron “la permanencia e intensificación de la grave situación de violencia, hostigamiento y criminalización” que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en esta zona del país.
Esta realidad se desarrolla en un contexto donde el discurso oficial de “pacificación” contrasta profundamente con lo que ocurre en los territorios. Durante 2025, el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas documentó 124 agresiones contra personas defensoras, lo que representa un incremento del 25% respecto al informe del año anterior. Estos datos confirman que, lejos de consolidarse condiciones de seguridad, defender derechos humanos en esta región del país continúa siendo una actividad de alto riesgo.
El nivel de violencia alcanza su expresión más extrema en el asesinato de la joven buscadora Yerli Yaritza, de 18 años, quien fue privada de la vida mientras buscaba a su padre desaparecido, crimen que ocurrió el 23 de noviembre en Ocosingo Su caso evidencia con crudeza que, en Chiapas, buscar a un ser querido puede costar la vida.
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