Wilberth Nahuat Puc, comisario municipal de la comunidad maya de Santa María Chí, en Mérida, Yucatán fue absuelto este miércoles tras ocho meses de proceso judicial por los delitos de privación ilegal de la libertad y despojo de los que lo acusaba Grupo Porcícola San Gerardo (firmas propiedad de los clanes Loret de Mola y Coldwell). La resolución se dio luego de que el defensor compareciera ante la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.
El proceso legal contra el comisario se deriva de su liderazgo opositor a la mega granja de San Gerardo, la cual provee de carne a la empresa Kekén, subsidiaria de Grupo Kuo. De acuerdo con diversas organizaciones medioambientales, dicha granja “operó durante años sin cumplir con las autorizaciones ambientales requeridas, contaminando el acuífero kárstico, el suelo y el aire de la región”. Ante esta situación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) determinó, en abril de 2026, el retiro de más de 41 mil cerdos y la clausura definitiva de las instalaciones.
La empresa inició denuncias penales en contra del comisario por los supuestos delitos de “privación ilegal de la libertad y despojo”. Aunque un juez dictó el sobreseimiento en octubre de 2025, la compañía apeló la resolución, lo que ha mantenido el proceso activo. En este marco, el comisario compareció este mismo 17 de junio, quedando absuelto.
Cabe destacar que a principios del mes de mayo del presente año, Tras casi cuatro décadas de contaminar el agua, el suelo y el aire de la comunidad de Santa María Chí, Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil —firmas propiedad de los clanes Loret de Mola y Coldwell— acataron lo establecido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y pusieron fin a las operaciones de la factoría junto a ese pueblo maya. Ambas empresas avanzaron con el traslado de de los cerdos —algo más de 50 mil, según la comunidad, aunque Profepa mencionó 41 mil 570 en un documento oficial— a otras megagranjas controladas por los mismos clanes. Una de las preguntas inmediatas a responder es si Profepa intervendrá también en esas factorías de Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil anticipando la contaminación agravada que viene o, en todo caso, su accionar se mantendrá acotado a la situación en Santa María Chí.
Al mismo tiempo, y más allá de la quita de los animales, lo cierto es que tanto las empresas como el mismo organismo oficial aún no informaron qué ocurrirá con las más de 40 naves —de un total superior a las 70 instalaciones— que siguen montadas en el predio de 220 hectáreas donde operaba la factoría.
Tampoco, cuándo iniciará y de qué manera se llevará a cabo la remediación de las cuatro piscinas que, repletas de excrementos de cerdo, los Loret de Mola y Coldwell mantienen a cielo abierto dentro del predio de la factoría. La comunidad maya, comentó a Jaltun el comisario de Santa María Chí, Wilbert Nahuat Puc, desconoce además qué destino se les dará a las aguas residuales acumuladas por la megagranja en pozos y pilas de oxidación.
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