El doctorante Jesús Cristofer Fuentes Ruiz sostiene que la detención de Miguel Sánchez Altamirano no garantiza el fin de la criminalidad y advierte sobre los riesgos de la militarización y los megaproyectos para la autonomía territorial binnizá.
La detención de Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu” y expresidente municipal de Juchitán de Zaragoza, no significa la erradicación del crimen organizado ni de las estructuras que lo favorecen, sostiene Jesús Cristofer Fuentes Ruiz, doctorante en Ciencias Sociales y Estudios Territoriales por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco.
En su artículo A Juchitán se lo lleva el Tren de la 4T, el investigador plantea que la violencia en el Istmo de Tehuantepec debe analizarse en el contexto de la disputa por el control territorial y la implementación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
Fuentes Ruiz sostiene que la violencia contra las comunidades no es reciente y relaciona sus antecedentes con la instalación de parques eólicos desde hace más de una década. Según su análisis, estas dinámicas se intensificaron a partir de 2023, con el desarrollo del Corredor Interoceánico, mediante amenazas y agresiones contra quienes resienten los impactos de los proyectos en sus territorios.
El autor cuestiona que, pese al despliegue de elementos de la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y corporaciones estatales, persistan delitos como la extorsión, el cobro de piso, las desapariciones y las ejecuciones. A su juicio, la presencia de fuerzas de seguridad responde principalmente a la protección de las inversiones, antes que a la seguridad de las comunidades.
También advierte sobre la utilización política de los apoyos sociales y las concesiones locales, que, afirma, han contribuido a generar relaciones clientelares. En este contexto, considera que la detención de “Quetu” y el debilitamiento de grupos políticos vinculados con el exdirector del IEEPO, Emilio Montero, pueden modificar los equilibrios de poder regionales sin resolver los vínculos entre política y criminalidad.
El investigador expresa, además, preocupación por el despliegue de unidades especiales de seguridad en Juchitán y señala denuncias de abusos atribuidos a algunas corporaciones, como cateos ilegales, robos y extorsiones.
Frente a este panorama, plantea que la paz no puede reducirse al aumento de efectivos militares ni a los discursos gubernamentales. Propone fortalecer la autonomía territorial y la organización comunitaria binnizá, particularmente la guendalisaa, entendida como una forma de convivencia y solidaridad colectiva.
Para Fuentes Ruiz, el desafío de Juchitán es construir una paz vinculada con la vida comunitaria y el disfrute colectivo del territorio, más allá de los intereses partidistas, la criminalidad y los megaproyectos. Leer el artículo completo en el primer enlace.
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