Veintinueve años le tomó al Estado mexicano reconocer que la desaparición de Gregorio Alfonso Alvarado López fue cometida con la participación de agentes del gobierno. Las autoridades firmaron, por fin, un acuerdo amistoso con la familia, tres días antes de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, este sábado 30 de agosto.
Gregorio es un maestro y poeta indígena, líder comunitario de comunidades originarias de Guerrero. Oaxaqueño de origen, primero ejerció en su estado natal el magisterio y el activismo político, y después se trasladó a Guerrero, donde creó instituciones educativas bilingües para infancias. Hoy una de ellas lleva su nombre en la comunidad de Emperador Cuauhtémoc.
Siempre vinculado al activismo por la lucha de los derechos indígenas, de los derechos comunitarios y del reconocimiento del magisterio comunitario, integró el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena en la década de los 90. Fue visto por última vez saliendo de una reunión del comité de defensa el 26 de septiembre de 1996.
Previo a su desaparición, Norma, su esposa, y él documentaron ante las autoridades la vigilancia que vivieron, que, en aquel entonces, cuenta ella en entrevista, fue muy burda. Espionaje por parte de servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad y militarizadas, así como persecución, fue lo que denunciaron en distintas instancias judiciales.
“Era una situación muy evidente, tan evidente que podíamos notar nosotros el seguimiento a los centros de trabajo, en mi caso; en el caso de los niños, el control de las escuelas. En aquel entonces, mis niños estaban pequeños: la más chiquita estaba en jardín, tenía 4 años, y mis dos hijos mayores, una tenía 7 y el otro 8”, relata.
Ella tuvo la oportunidad de documentar mucha información como placas de los vehículos, características de las personas, entre otras, en un seguimiento que duró casi un año desde que se dieron cuenta. En su momento, solicitaron la intervención de dos autoridades, cuando Gregorio aún no desaparecía: la policía judicial del estado, así como las comisiones nacional y estatal de derechos humanos. Leer nota completa en Animal Político.
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