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Servicios Para una Educación Alternativa A.C.

¿Disminución de concesiones mineras en Oaxaca?

En junio de 2016, EDUCA realizó una Solicitud de Acceso a información Pública con el objetivo de conocer el listado de concesiones mineras en el estado. La Secretaría de Economía (SE) respondió a dicha solicitud enviando el listado de concesiones mineras actualizada al 31 de marzo del presente año. Para nuestra sorpresa las concesiones mineras se redujeron un 26.5%, es decir de 407 a 299 concesiones vigentes[1].

Esta información coincide con los datos generales de la SE en la cual establece que en México disminuyeron las concesiones mineras de 26 mil 71 en 2012 a 25 mil 315 en mayo de 2015[2].

Reformas fiscales y tierras comunales: “obstáculos para el desarrollo minero”.

La SE, así como otros actores relevantes del tema informan que esta realidad se debe al desplome del valor de las exportaciones minero metalúrgicas, la Reforma Fiscal de 2014 que en palabras de los productores “se ha traducido en un obstáculo para la inversión en el país”[3], así como “las dificultades para desarrollar proyectos en tierras comunales”[4].

Por otro lado, y contrariamente a los reportes de la SE, la Cámara Minera de México (CAMIMEX) coloca en sus informes al país como el principal productor de plata en el mundo: “Durante 2015 la producción minera de plata en México ascendió a 191.5 millones de onzas, es decir, 3.3 por ciento más que la correspondiente a 2014, y por sexto año consecutivo nuestra nación fue el principal productor de este metal precioso en el mundo, seguido por China y Perú”[5].

La Coordinación General de Minería, también establece en su Portafolio de Proyectos Mineros, que México es el “primer destino de inversión en América Latina. Es importante mencionar que en 2014, México recibió el 7 % de la inversión mundial total, mientras que participa con el 1.8% de la producción mundial. En 2014, la inversión total fue de $4,947.7 millones de dólares”[6].

De igual forma, es de extrañar la declaración del Gobernador del Estado de Oaxaca, Gabino Cué, al colocar al estado en el 7° lugar en producción minera a nivel nacional[7].

Tenemos entonces dos versiones encontradas por parte de actores vinculados a la producción minera en el país, la primera de ellas establece que existe una disminución en las concesiones mineras debido a las condiciones desfavorables de la “nueva” legislación, así como el marco jurídico de la tierra en el país; por otro lado encontramos las declaraciones de las mismas autoridades argumentando un incremento en la explotación de plata y oro a nivel latinoamericano e incluso mundial.

 

“Impuestos gravosos” y pago de derechos para la producción minera en México.

Cabe destacar que el impuesto establecido al sector minero en la Reforma Hacendaria antes mencionada se encuentra entre el 5% y el 8% de las ganancias anuales de empresas que se encuentran en etapa de producción comercial, no obstante, existe el pago de las concesiones mineras al fisco que se encuentra entre los $ 6.55 y $143.33 pesos por hectárea concesionada cada semestre[8], además del pago por el usufructo de la tierra, que comúnmente van de los $50 mil a los $300 mil pesos por un periodo aproximado de 30 años. Estos constituyen los “impuestos gravosos” a los cuales aluden las empresas mineras establecidas en México.

 

Incertidumbre para comunidades concesionadas en Oaxaca.

No existen razones claras para establecer los motivos de la cancelación de concesiones en el estado: podría tratarse de una estrategia de persuasión de empresas mineras en comunidades que han prohibido la exploración o explotación minera, tal es el caso de comunidades de Valles Centrales, Sierra Norte e Istmo entre las más importantes, igualmente puede tratarse de una estrategia de especulación financiera y compra-venta de concesiones (las cuales también representan un jugoso negocio a nivel internacional).

Hasta el momento, ninguna comunidad ha sido informada sobre los planes de inversión minera o la cancelación de concesiones en sus territorios. Tampoco existe ninguna certeza para que dichas concesiones no se vuelvan a reactivar.

Lo que sí queda claro, es que las autoridades responsables del gobierno federal y estatal no han proporcionado información completa, transparente y oportuna en el tema minero, además del saqueo desmesurado que están llevando a cabo las empresas aprovechándose de esta situación. En este sentido pareciera ser que la problemática se reduce a un tema económico, donde los derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas quedan en último plano en el tema del “desarrollo”.

Neftalí Reyes Méndez, Área de Derechos Territoriales. Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA.

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